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¿Debemos repensar los poderes del juez ante la constatación de la ilegalidad de una disposición general o un acto administrativo? La anulación parcial del Plan General de Madrid de 1997: un inmejorable ejemplo
Con motivo de la anulación judicial de la desclasificación de los sectores de suelo no urbanizable de protección operada por el Plan General de Madrid de 1997, este trabajo plantea la necesidad de revisar los poderes del Juez contencioso administrativo cuando constata la ilegalidad de una disposición o acto, los cuales no deben quedarse limitados a la anulación sino, antes al contrario, deben tener en cuenta la situación jurídica o fáctica existente cuando se dicta la sentencia, para evitar los efectos inútiles de una resolución que obligue a la Administración a un esfuerzo inútil de reconstrucción o al mantenimiento de la situación fáctica irreversible desplazando al incidente de ejecución la tutela de los derechos intereses y derechos vulnerados mediante su compensación económica.
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Con motivo de la anulación judicial de la desclasificación de los sectores de suelo no urbanizable de protección operada por el Plan General de Madrid de 1997, este trabajo plantea la necesidad de revisar los poderes del Juez contencioso administrativo cuando constata la ilegalidad de una disposición o acto, los cuales no deben quedarse limitados a la anulación sino, antes al contrario, deben tener en cuenta la situación jurídica o fáctica existente cuando se dicta la sentencia, para evitar los efectos inútiles de una resolución que obligue a la Administración a un esfuerzo inútil de reconstrucción o al mantenimiento de la situación fáctica irreversible desplazando al incidente de ejecución la tutela de los derechos intereses y derechos vulnerados mediante su compensación económica.
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