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La (des)protección de la propiedad intelectual de las obras del poder público
Comienza este trabajo con un análisis sobre la desprotección por las normas de propiedad intelectual de las obras vinculadas al ejercicio del poder público (ya sea el Legislativo, el Ejecutivo o el Judicial). Esta desprotección liga perfectamente con la transparencia pública, que tiene que acabar imponiéndose en el s. XXI. Algunas leyes de acceso a la información pública y de reutilización de la misma, sin embargo, apuntan que la existencia de derechos de propiedad intelectual puede constituir un límite tanto para el acceso como para la reutilización. En este estudio se aportan argumentos en contra de esta solución legal. Aquí se sostiene y se fundamenta, además, que la titularidad de los derechos de propiedad intelectual corresponde a la Administración para la que se trabaja (lo que debería facilitar dicho acceso por terceros).
I. Frente al oscurantismo, la desprotección o la titularidad administrativa de los derechos.
II. Obras desprotegidas y transparencia administrativa.
II.1. Obras del poder público no protegidas por las normas de propiedad intelectual.
II.1.1. La exclusión de las disposiciones legales o reglamentarias y sus correspondientes proyectos.
II.1.2. Las resoluciones de los órganos jurisdiccionales.
II.1.3. Los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos.
II.2. Algunos obstáculos a la transparencia.
II.2.1. Apunte sobre los límites al derecho de acceso.
II.2.2. Los derechos de propiedad intelectual como límite.
III. La titularidad de los derechos de propiedad intelectual de las obras realizadas por empleados públicos.
III.1. Algunas aclaraciones previas: titularidad originaria y derechos morales.
III.2. La fundamentación de la titularidad pública de los derechos.
III.2.1. La respuesta histórica (del Legislador, de la Administración y de los Tribunales).
III.2.2. La teoría de la imposible separación del servicio.
III.2.3. La solución legal en el caso de investigadores.
III.2.4. La semejanza con la propiedad industrial.
III.2.5. La presunción legal de cesión de derechos en la contratación administrativa (el contrato de servicios del sector público).
III.2.6. La solución del Derecho comparado.
III.2.7. La analogía con el régimen de los trabajadores asalariados. La protección del empleador.
III.3. Las funciones reservadas al puesto y otros criterios a tener en cuenta en caso de duda y discusión.
IV. Recapitulación conclusiva.
V. Trabajos citados.
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Comienza este trabajo con un análisis sobre la desprotección por las normas de propiedad intelectual de las obras vinculadas al ejercicio del poder público (ya sea el Legislativo, el Ejecutivo o el Judicial). Esta desprotección liga perfectamente con la transparencia pública, que tiene que acabar imponiéndose en el s. XXI. Algunas leyes de acceso a la información pública y de reutilización de la misma, sin embargo, apuntan que la existencia de derechos de propiedad intelectual puede constituir un límite tanto para el acceso como para la reutilización. En este estudio se aportan argumentos en contra de esta solución legal. Aquí se sostiene y se fundamenta, además, que la titularidad de los derechos de propiedad intelectual corresponde a la Administración para la que se trabaja (lo que debería facilitar dicho acceso por terceros).
I. Frente al oscurantismo, la desprotección o la titularidad administrativa de los derechos.
II. Obras desprotegidas y transparencia administrativa.
II.1. Obras del poder público no protegidas por las normas de propiedad intelectual.
II.1.1. La exclusión de las disposiciones legales o reglamentarias y sus correspondientes proyectos.
II.1.2. Las resoluciones de los órganos jurisdiccionales.
II.1.3. Los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos.
II.2. Algunos obstáculos a la transparencia.
II.2.1. Apunte sobre los límites al derecho de acceso.
II.2.2. Los derechos de propiedad intelectual como límite.
III. La titularidad de los derechos de propiedad intelectual de las obras realizadas por empleados públicos.
III.1. Algunas aclaraciones previas: titularidad originaria y derechos morales.
III.2. La fundamentación de la titularidad pública de los derechos.
III.2.1. La respuesta histórica (del Legislador, de la Administración y de los Tribunales).
III.2.2. La teoría de la imposible separación del servicio.
III.2.3. La solución legal en el caso de investigadores.
III.2.4. La semejanza con la propiedad industrial.
III.2.5. La presunción legal de cesión de derechos en la contratación administrativa (el contrato de servicios del sector público).
III.2.6. La solución del Derecho comparado.
III.2.7. La analogía con el régimen de los trabajadores asalariados. La protección del empleador.
III.3. Las funciones reservadas al puesto y otros criterios a tener en cuenta en caso de duda y discusión.
IV. Recapitulación conclusiva.
V. Trabajos citados.
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