La autorización de la firma del protocolo de reclamaciones colectivas: un premio para los derechos sociales

El 4 de febrero de 2021 España ha firmado el Protocolo de Reclamaciones Colectivas en Estrasburgo. Se está ante la muestra más comprometida con los derechos sociales que reconoce y garantiza el convenio internacional más completo existente en ese sentido, la Carta Social Europea. El origen de este acontecimiento histórico se sitúa en un año caracterizado por sufrir una de las mayores crisis a causa de la pandemia de la COVID-19 y, específicamente, en el día que más ilusión ponen los ciudadanos por el sorteo extraordinario de la lotería. Sin esperarlo, todos fueron agraciados al adoptarse el Acuerdo del Consejo de Ministros que autorizaba el inicio del trámite. Este finalizará con la ratificación o, esperemos, la emisión de una declaración específica cuando culmine el equivalente que se está desarrollando de la Constitución Social de Europa. Este comenzó de forma similar el 10 de noviembre de 2020, con la diferencia de que, al estar ya firmada, la licencia se dirigía directamente hacia la fase de ratificación, que es la única que resta. Las páginas del comentario detallan lo sucedido y prueban nuevamente la significación de este mecanismo de garantía con las últimas decisiones de fondo publicadas, con la finalidad de alejar posibles temores de los Estados, habitualmente reacios al mismo. Paralelamente, en la medida en que es complementario del sistema de informes, se facilitan las directrices a los agentes sociales y organizaciones para estimularles a presentar observaciones, tras haberse registrado recientemente el informe gubernamental.