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Veinticinco años desde la aprobación de la Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria, primera norma con este rango de la democracia española
Cuando todavía están recientes los actos conmemorativos de los veinticinco años desde la elaboración de la Constitución de 1978, en el mes de septiembre alcanzará dicha efemérides la primera Ley Orgánica de la democracia: la LO 1/79 General Penitenciaria, de 26 de septiembre. Este momento se brinda como una oportunidad para analizar, desde la distancia, la situación carcelaria en aquel momento y su realidad actual. Tradicionalmente, la ejecución penal y las condiciones del cumplimiento de las penas privativas de libertad han suscitado escasa atención de la ciencia jurídica en España. Se ha considerado, «de facto», que el proceso penal finaliza con la firmeza de la sentencia condenatoria, cuando la sentencia deviene ejecutoria. Dicha realidad comenzó a transformarse con la Ley Orgánica analizada, aprobada por aclamación, defendida como modelo de consenso en la regulación de los aspectos básicos de la convivencia en la sociedad, moderna y atrevida, que ha exigido a los juristas abordar un nuevo aspecto hasta ese momento oculto y desconocido. Veinticinco años después la situación ha cambiado notablemente. El presente trabajo pretende analizar el difícil momento en el que surge, los aspectos fundamentales que regula y los resultados de su aplicación.
1. Introducción.
2. Contexto en que surge la ley.
2.1. Aspectos normativos.
2.2. Realidad social y penitenciaria.
2.3. Estado de la doctrina dogmático-penitenciaria.
3. Elaboración de la ley penitenciaria.
4. Aplicación de la norma penitenciaria.
4.1. Principio de legalidad y plena judicialización del cumplimiento de la pena de prisión.
4.2. Reconocimiento y respeto de un amplio conjunto de derechos de los internos que constituyen un auténtico status jurídico frente a la intromisión de la Administración.
4.3. Desarrollo del mandato resocializador contenido en la Constitución.
4.4. Relaciones con el exterior.
4.5. Respeto a la dignidad del privado de libertad.
5. Situación actual.
6. Conclusiones.
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Cuando todavía están recientes los actos conmemorativos de los veinticinco años desde la elaboración de la Constitución de 1978, en el mes de septiembre alcanzará dicha efemérides la primera Ley Orgánica de la democracia: la LO 1/79 General Penitenciaria, de 26 de septiembre. Este momento se brinda como una oportunidad para analizar, desde la distancia, la situación carcelaria en aquel momento y su realidad actual. Tradicionalmente, la ejecución penal y las condiciones del cumplimiento de las penas privativas de libertad han suscitado escasa atención de la ciencia jurídica en España. Se ha considerado, «de facto», que el proceso penal finaliza con la firmeza de la sentencia condenatoria, cuando la sentencia deviene ejecutoria. Dicha realidad comenzó a transformarse con la Ley Orgánica analizada, aprobada por aclamación, defendida como modelo de consenso en la regulación de los aspectos básicos de la convivencia en la sociedad, moderna y atrevida, que ha exigido a los juristas abordar un nuevo aspecto hasta ese momento oculto y desconocido. Veinticinco años después la situación ha cambiado notablemente. El presente trabajo pretende analizar el difícil momento en el que surge, los aspectos fundamentales que regula y los resultados de su aplicación.
1. Introducción.
2. Contexto en que surge la ley.
2.1. Aspectos normativos.
2.2. Realidad social y penitenciaria.
2.3. Estado de la doctrina dogmático-penitenciaria.
3. Elaboración de la ley penitenciaria.
4. Aplicación de la norma penitenciaria.
4.1. Principio de legalidad y plena judicialización del cumplimiento de la pena de prisión.
4.2. Reconocimiento y respeto de un amplio conjunto de derechos de los internos que constituyen un auténtico status jurídico frente a la intromisión de la Administración.
4.3. Desarrollo del mandato resocializador contenido en la Constitución.
4.4. Relaciones con el exterior.
4.5. Respeto a la dignidad del privado de libertad.
5. Situación actual.
6. Conclusiones.
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