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Incidencia en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los nuevos procedimientos previstos en el texto refundido de la Ley de Contratos del sector público, en la ley de garantía de la unidad de mercado y en la Ley de Transparencia, Acceso a La Información Pública y Buen Gobierno
La Gran Recesión que sufrimos desde finales del año 2007 no ha sido únicamente una severa crisis económica; al contrario, no es sino una derivada de la crisis política e institucional instalada en nuestra sociedad. Legislar en estas circunstancias es, consecuentemente, tanto un deber como una gran responsabilidad, pues resulta extremadamente tentador para el legislador introducir factores en la producción normativa ajenos a los afanes que las disposiciones deberían tener. En este escenario crítico debemos ubicar las tres disposiciones normativas que van a ser objeto de análisis en las siguientes páginas. Tres leyes etiológicamente vinculadas con la situación económica y de notable incidencia en la esfera de los ciudadanos merced a los novedosos sistemas de garantías que contemplan. Nos referimos a los nuevos procedimientos impugnatorios previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP); en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM), y en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTBG).
1. Introducción.
2. Mecanismos de impugnación en materia de contratación en el sector público.
2.1. Impulso legislativo.
2.2. Legitimación y actos recurribles.
2.3. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
2.3.1. Plano estatal.
2.3.2.Ámbitos autonómico y local.
2.3.2.1. Una muestra: el TARC de Castilla y León.
2.4. Medidas cautelares.
2.5. Iniciación del procedimiento, plazo de interposición y suspensión.
2.6. Tramitación del procedimiento.
2.7. Resolución.
2.8. Efectos de la resolución.
2.8.1. El TACRC en sede casacional.
2.9. Otros instrumentos de impugnación alternativos.
2.9.1. En vía administrativa.
2.9.2. Arbitraje.
3. 3. Garantías para la protección de la unidad de mercado.
3.1. Mecanismos de defensa en garantía de la unidad de mercado.
3.1.1. Procedimiento preliminar ante la autoridad competente.
3.1.2. Procedimiento ante la CNMC.
3.1.3. Otras medidas.
4. El acceso a la información pública como mecanismo de control democrático.
4.1. Atribución orgánica de las garantías del sistema de transparencia: el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
4.2. La reclamación ante el CTBG.
4.2.1. Carácter potestativo.
4.2.2. Régimen de la reclamación.
4.3. El nuevo procedimiento de solicitud de acceso a la información en la Comunidad de Castilla y León
5. Conclusiones.
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La Gran Recesión que sufrimos desde finales del año 2007 no ha sido únicamente una severa crisis económica; al contrario, no es sino una derivada de la crisis política e institucional instalada en nuestra sociedad. Legislar en estas circunstancias es, consecuentemente, tanto un deber como una gran responsabilidad, pues resulta extremadamente tentador para el legislador introducir factores en la producción normativa ajenos a los afanes que las disposiciones deberían tener. En este escenario crítico debemos ubicar las tres disposiciones normativas que van a ser objeto de análisis en las siguientes páginas. Tres leyes etiológicamente vinculadas con la situación económica y de notable incidencia en la esfera de los ciudadanos merced a los novedosos sistemas de garantías que contemplan. Nos referimos a los nuevos procedimientos impugnatorios previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP); en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM), y en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTBG).
1. Introducción.
2. Mecanismos de impugnación en materia de contratación en el sector público.
2.1. Impulso legislativo.
2.2. Legitimación y actos recurribles.
2.3. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
2.3.1. Plano estatal.
2.3.2.Ámbitos autonómico y local.
2.3.2.1. Una muestra: el TARC de Castilla y León.
2.4. Medidas cautelares.
2.5. Iniciación del procedimiento, plazo de interposición y suspensión.
2.6. Tramitación del procedimiento.
2.7. Resolución.
2.8. Efectos de la resolución.
2.8.1. El TACRC en sede casacional.
2.9. Otros instrumentos de impugnación alternativos.
2.9.1. En vía administrativa.
2.9.2. Arbitraje.
3. 3. Garantías para la protección de la unidad de mercado.
3.1. Mecanismos de defensa en garantía de la unidad de mercado.
3.1.1. Procedimiento preliminar ante la autoridad competente.
3.1.2. Procedimiento ante la CNMC.
3.1.3. Otras medidas.
4. El acceso a la información pública como mecanismo de control democrático.
4.1. Atribución orgánica de las garantías del sistema de transparencia: el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
4.2. La reclamación ante el CTBG.
4.2.1. Carácter potestativo.
4.2.2. Régimen de la reclamación.
4.3. El nuevo procedimiento de solicitud de acceso a la información en la Comunidad de Castilla y León
5. Conclusiones.
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