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La responsabilidad de los empleados públicos por el incumplimiento de sus funciones
La responsabilidad de los empleados públicos por sus actos ha sido abundantemente estudiada por la doctrina. Sin embargo, faltan todavía estudios focalizados en la responsabilidad por sus omisiones. Este texto trata de remediar en parte esta carencia, a través de un estudio detallado de la responsabilidad disciplinaria y patrimonial que genera la omisión de un deber de actuar en el sector público. Este estudio resulta particularmente pertinente por cuanto la normativa legal sobre este tema ha sufrido importantes modificaciones en los últimos tres años con la aprobación de nuevas normas, como la Ley de Transparencia, o la transformación de otras, como el Estatuto Básico de la Función Pública.
1. Introducción.
2. La responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos por el incumplimiento de sus funciones.
2.1. La responsabilidad del empleado público en general.
2.2. El encubrimiento, ¿una forma particularmente impune de incumplimiento de las funciones del servidor público?
3. La responsabilidad patrimonial del funcionario por incumplimiento de sus funciones.
3.1. Las responsabilidades originadas por la causación de un daño al ciudadano.
3.2. La acción de indemnización por los daños causados por dolo o culpa grave a la propia Administración, de acuerdo con lo señalado en el artículo 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La responsabilidad patrimonial directa del funcionario frente a la Administración.
3.3. Observaciones finales. La necesidad de hacer un ejercicio de realismo que no tiene por qué amparar las conductas dolosas.
4. La responsabilidad patrimonial de los servidores públicos por actos relacionados con la disposición de fondos públicos.
4.1. La responsabilidad contable de los empleados públicos.
4.2. La responsabilidad económica de los servidores públicos por omisiones en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
5. La responsabilidad de los empleados públicos por omisiones. Una valoración final de acuerdo con la normativa vigente.
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La responsabilidad de los empleados públicos por sus actos ha sido abundantemente estudiada por la doctrina. Sin embargo, faltan todavía estudios focalizados en la responsabilidad por sus omisiones. Este texto trata de remediar en parte esta carencia, a través de un estudio detallado de la responsabilidad disciplinaria y patrimonial que genera la omisión de un deber de actuar en el sector público. Este estudio resulta particularmente pertinente por cuanto la normativa legal sobre este tema ha sufrido importantes modificaciones en los últimos tres años con la aprobación de nuevas normas, como la Ley de Transparencia, o la transformación de otras, como el Estatuto Básico de la Función Pública.
1. Introducción.
2. La responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos por el incumplimiento de sus funciones.
2.1. La responsabilidad del empleado público en general.
2.2. El encubrimiento, ¿una forma particularmente impune de incumplimiento de las funciones del servidor público?
3. La responsabilidad patrimonial del funcionario por incumplimiento de sus funciones.
3.1. Las responsabilidades originadas por la causación de un daño al ciudadano.
3.2. La acción de indemnización por los daños causados por dolo o culpa grave a la propia Administración, de acuerdo con lo señalado en el artículo 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La responsabilidad patrimonial directa del funcionario frente a la Administración.
3.3. Observaciones finales. La necesidad de hacer un ejercicio de realismo que no tiene por qué amparar las conductas dolosas.
4. La responsabilidad patrimonial de los servidores públicos por actos relacionados con la disposición de fondos públicos.
4.1. La responsabilidad contable de los empleados públicos.
4.2. La responsabilidad económica de los servidores públicos por omisiones en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
5. La responsabilidad de los empleados públicos por omisiones. Una valoración final de acuerdo con la normativa vigente.