El control judicial de la ejecución de las sanciones antiterroristas del Consejo de Seguridad en la Unión Europea

La Unión Europea ha adoptado numerosas medidas para hacer frente a la amenaza que representa el terrorismo internacional. Muchas de las decisiones adoptadas por las instituciones europeas responden a la necesidad de implementar en la UE las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (NNUU) para luchar contra el terrorismo. Sin embargo, la relación entre las obligaciones que impone el Consejo de Seguridad (CS) y el ordenamiento comunitario plantea numerosas cuestiones, entre las que destaca en los últimos tiempos la protección de los derechos humanos. Se trata de una problemática muy interesante de la que han tenido ocasión de conocer los tribunales comunitarios en numerosos pronunciamientos judiciales en el marco de la lucha contra el terrorismo. El origen de las mencionadas sentencias del Tribunal de Justicia (TJCE) y del Tribunal de Primera Instancia (TPI) se encuentra en los recursos interpuestos por varios individuos y entidades afectados por estar incluidos en las listas negras que, o bien son elaboradas por el Consejo de Sanciones creado en el marco de la resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad, o bien por el Consejo de Ministros de la Unión Europea en aplicación del mandato de la resolución 1373 (2001). Por otra parte, tanto el Tribunal de Primera Instancia (TPI) como el Tribunal de Justicia han tenido también ocasión de pronunciarse en relación con la denominada lista europea de terroristas de la UE en los asuntos Segi y Gestoras Pro-Amnistía. […]