Derecho y poder en el destino de Crimea

Hasta febrero de 2014, la llamada cuestión de Crimea (y Sebastopol) era un problema doméstico de Ucrania, con un irredentismo ruso dispuesto a activarse a poco que la política de Kiev se desplazara de la incómoda negociación permanente con las instituciones crimeas a las medidas unilaterales. Las iniciativas para la ucranización al galope que siguieron al Euromaidán y la defenestración del gobierno corrupto pero constitucional de Viktor Yanukóvich acabaron siendo un tiro en el pie de los intereses ucranianos en la península. El nuevo gobierno de Ucrania jugó con fuego y se quemó. Crimea (y Sebastopol) declararon su independencia el 11 de marzo, confirmada masivamente en referéndum cinco días después, y solicitaron de inmediato su ingreso en la Federación de Rusia. El 18 de marzo se firmaba el tratado de adhesión y dos días más tarde la Duma autorizaba su ratificación, al tiempo que aprobaba una enmienda constitucional para incluir los nuevos territorios federales. El 2 de abril, Rusia denunció los acuerdos con Ucrania sobre la Flota del Mar Negro, con sede en Sebastopol, y el 11 el Parlamento de Crimea aprobaba una nueva Ley Fundamental en la que, si por un lado, proclamaba que la articulación de la República dentro de la Federación de Rusia se fundaba en un acuerdo internacional, por otro se declaraba parte «inseparable» de la misma, sugiriendo así que el acuerdo terminaba con su ejecución e implicaba la renuncia irreversible de Crimea (y Sebastopol) a la soberanía que había sido su fundamento. […]