La intervención del Ministerio Fiscal en los procesos contencioso-administrativos medioambientales

La Constitución española de 1978 prevé que sean labores propias de la Fiscalía defender la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público. Por otro lado, la propia Norma Fundamental contempla como derecho el disfrute del medio ambiente e impone a todos como deber su conservación. Así pues, el Ministerio Fiscal protege el medio ambiente sobre todo persiguiendo penalmente a los autores de delitos contra este bien jurídico, pero también tomando parte en aquellos procesos en los que se enjuicia la actividad de la Administración Pública con trascendencia medioambiental. Desde el año 2006, esta tarea está encomendada al Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y a las Secciones de Medio Ambiente de las Fiscalías territoriales. Lo cierto, sin embargo, es que las concretas facultades del Ministerio Público ante la jurisdicción contencioso-administrativa siguen siendo harto discutidas, incluso tras el reconocimiento de una amplia legitimación activa a la Fiscalía por la Ley de Responsabilidad Medioambiental de 2006. El análisis jurídico de esta situación constituye el objeto central de nuestro trabajo, en el que daremos una especial relevancia al estudio de los grandes procesos contencioso-administrativos ambientales en que ha participado la Fiscalía durante la última década.