El Tribunal Constitucional se pronuncia de nuevo sobre la prejudicialidad penal en el arbitraje: su apreciación corresponde en esencia solo a los árbitros

El Tribunal Constitucional en su reciente Sentencia 79/2022, de 27 de junio, objeto de comentario, ha estimado el recurso de amparo planteado contra dos resoluciones de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un procedimiento de anulación de laudo arbitral, al considerar que el órgano judicial se ha excedido, dado que el instituto de la prejudicialidad penal es una cuestión que ha de valorarse por el tribunal arbitral, con lo que ha incurrido en vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, como consecuencia de un entendimiento extensivo del concepto de orden público del artículo 41.1.f) LA, que le ha llevado a imponer una valoración distinta de la realizada por los árbitros acerca de la concurrencia de la alegada prejudicialidad penal, con lo que el arbitraje gana en seguridad jurídica.

In its recent Ruling 79/2022 of June 27 discussed in this article, Spain's Constitutional Court, upheld the appeal for legal protection of constitutional rights filed against two rulings by the High Court of Justice of Madrid in proceedings for the annulment of an arbitration award, as it considered that the court had exceeded its powers given that the institution of criminal prejudiciality is an issue that must be assessed by the arbitration tribunal, and as such it has infringed the right to effective judicial protection as a consequence of an extensive consideration of the concept of public order in art. 41.1.f) of the Arbitration Law. This led it to hand down a different assessment from the one by the arbitrators on the concurrence of the alleged criminal prejudiciality, with the consequent gain for arbitration in terms of legal security.