Reflexiones en torno a la última actualización del derecho al olvido digital

Hablar de la irrupción de Internet como detonante de una serie de cambios profundos en nuestra cultura jurídica se ha convertido ya en un lugar común para este tipo de trabajos de investigación. No obstante, debido a la inherente fluidez de los servicios y prestaciones que la red ofrece, es necesario profundizar en los efectos que las nuevas tecnologías han provocado en la configuración de nuestros derechos fundamentales y de nuestras instituciones jurídicas y políticas. Junto con la necesaria puesta al día de las formas de ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución, Internet ha conllevado la creación de derechos nuevos que, si bien encuentran su fundamento en derechos preexistentes, suponen una adaptación de construcciones clásicas a los requerimientos de los nuevos tiempos. Entre ellos, ocupa un lugar preeminente el derecho al olvido, por la cantidad de estudios a que ha dado lugar y por el reciente reconocimiento expreso en el Reglamento General de Protección de Datos a nivel europeo. Dicha norma ha supuesto la derogación de la Directiva Europea 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995 y la promulgación de la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Pese a los numerosos interrogantes que todavía plantea la interpretación y aplicación de sus muchos preceptos, se trata del primer texto legal directamente aplicable en España que se refiere por su nombre al derecho al olvido, entendido como esa pretensión de muchos usuarios de Internet de que sus datos sean retirados de la vista y escrutinio público, con independencia de que su tratamiento haya sido o no consentido.
Este trabajo se ocupará del análisis de este nuevo derecho de supresión de datos a la luz de las actualizaciones más recientes en su régimen jurídico, tras la entrada en vigor de dicho Reglamento y algunos pronunciamientos de tribunales comunitarios y nacionales, que van contribuyendo a dotarlo de perfiles cada vez más nítidos. De lo que no cabe duda alguna es de que, frente a Internet, erigido en factor que está suponiendo un cambio integral de paradigma, no sólo jurídico, sino global, la respuesta ofrecida desde el Derecho no puede prescindir de un enfoque lo más amplio posible, con la finalidad de ofrecer soluciones satisfactorias a los ciudadanos para el creciente número de situaciones de riesgo a las que se enfrentan diariamente, y de prever los conflictos que puedan ocasionarse en el futuro.