Cuestiones no resueltas sobre el derecho de voto de las personas con discapacidad

En un Estado social y democrático de Derecho la participación de todas las personas en la vida política constituye la base sobre la que se asienta la legitimidad del sistema político. Sin embargo, las personas con discapacidad se han visto frecuentemente excluidas de la participación de múltiples maneras y por múltiples razones, a menudo como resultado de discriminaciones directas o indirectas. El artículo 9.2 de la Constitución española ordena a los poderes públicos «facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política». Por su parte, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008, establece la obligación de los Estados parte de garantizar a las personas con discapacidad «los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás». En este artículo se analizan las diferentes medidas y procedimientos previstos por la legislación española para facilitar materialmente el derecho de voto de las personas con discapacidad y se presta una atención especial a la reciente reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General por la que se deroga la privación del derecho de sufragio de las personas con discapacidad intelectual, dando cuenta del debate doctrinal y de las dificultades de aplicación suscitados por dicha reforma.