La protección de los derechos de los consumidores a través del pleito testigo o la ilusión del legislador

La protección de los derechos de los consumidores se desarrolla a través del ejercicio de acciones individuales y de acciones colectivas, estando fijada la legitimación para cada una de aquellas en los arts. 11 y 15 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Con base en estos se ha creado un entramado jurídico destinado a permitir que las sentencias en las que se resuelvan acciones colectivas puedan, conforme a los arts. 221.1.1ª y al art. 519, ser aplicadas a los no intervinientes en el proceso, y, en su caso, incoar la ejecución cuando el obligado por la sentencia no hubiera hecho frente a la obligación reconocida en aquella.
Ante las limitaciones que presenta este sistema de extensión de efectos y ante el aumento de la litigiosidad derivado de las quiebras apreciadas en los ámbitos del tráfico jurídico en los que se opera a través de cláusulas predispuestas, el legislador se ha propuesto dar entrada al pleito testigo como instrumento con el que pretende reducir el número de controversias litigiosas. Se abre, así, el proceso civil a esta forma de litigar, y a la extensión del fallo de la sentencia que resuelve el pleito testigo, con la finalidad de disminuir el número de litigios en el ámbito de la contratación en masa y de complementar el vigente sistema de extensión de efectos de las sentencias dictadas al amparo de acciones individuales.
Analizaremos los aspectos más controvertidos de ambas figuras para comprobar si la opción del legislador permitirá alcanzar aquellas cotas de eficiencia que busca a través de la propuesta legislativa desarrollada en el Proyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia.