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El político corrupto como funcionario público a efectos penales
La corrupción política es ciertamente percibida como uno de los mayores males del Estado Democrático de Derecho. En algunos ordenamientos jurídicos, de hecho, el soborno del político tiene una regulación penal ad hoc. En España, en cambio, en línea con los principales instrumentos jurídicos internacionales, para efectos de aplicación del delito de cohecho, el concepto penal de funcionario público se ha entendido desde siempre como comprensivo de toda persona que ejerce una función pública legislativa, judicial y administrativa, sin que el legislador penal haya considerado nunca diferenciaciones relacionadas ni con el tipo de función ni con su trascendencia ni mucho menos con el distinto poder. Por otra parte, en una perspectiva de lege ferenda, diferenciar al "político" del "funcionario administrativo" o "judicial" no parece tarea sencilla.
I. Introducción: planteamiento de la cuestión
1. Corrupción política
2. Política y Derecho penal
3. Políticos, corrupción y Derecho penal. Un debate que no debe ser infravalorado
4. Limitaciones y acotación del objeto de estudio
II. El Código penal español frente a la corrupción política: los sujetos activos del delito de cohecho pasivo (y destinatarios de la acción de cohecho activo)
1. Brevísimo recorrido histórico
2. La noción específica adoptada para la corrupción
3. La evolución más reciente: la incorporación expresa de (más) políticos en el abanico de los sujetos activos de corrupción pasiva
3.1. Una tendencia internacional
4. Breves notas sobre el impacto en España
4.1. Más políticos en el ajo
4.2. La expansión "hacia abajo" de la categoría
4.3. Los títulos habilitadores y la opción para una interpretación en clave funcional
5. El camino español: de lege lata, ¿hay espacio para diferenciar al político?
III. ¿Quién es el "político"?
1. El "político" como legislador
1.1. Excursus: el Estado social y la "democratización" de la Administración pública
1.2. Cuando la jurisprudencia ha querido diferenciar al poder legislativo del ejecutivo: breve referencia al asunto ERE
2. El "político" como persona que desempeña una función pública en virtud de una legitimación democrática
2.1. Breve excursus: la "politización" de la Administración pública
IV. Algunas conclusiones provisionales
V. Bibliografía
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La corrupción política es ciertamente percibida como uno de los mayores males del Estado Democrático de Derecho. En algunos ordenamientos jurídicos, de hecho, el soborno del político tiene una regulación penal ad hoc. En España, en cambio, en línea con los principales instrumentos jurídicos internacionales, para efectos de aplicación del delito de cohecho, el concepto penal de funcionario público se ha entendido desde siempre como comprensivo de toda persona que ejerce una función pública legislativa, judicial y administrativa, sin que el legislador penal haya considerado nunca diferenciaciones relacionadas ni con el tipo de función ni con su trascendencia ni mucho menos con el distinto poder. Por otra parte, en una perspectiva de lege ferenda, diferenciar al "político" del "funcionario administrativo" o "judicial" no parece tarea sencilla.
I. Introducción: planteamiento de la cuestión
1. Corrupción política
2. Política y Derecho penal
3. Políticos, corrupción y Derecho penal. Un debate que no debe ser infravalorado
4. Limitaciones y acotación del objeto de estudio
II. El Código penal español frente a la corrupción política: los sujetos activos del delito de cohecho pasivo (y destinatarios de la acción de cohecho activo)
1. Brevísimo recorrido histórico
2. La noción específica adoptada para la corrupción
3. La evolución más reciente: la incorporación expresa de (más) políticos en el abanico de los sujetos activos de corrupción pasiva
3.1. Una tendencia internacional
4. Breves notas sobre el impacto en España
4.1. Más políticos en el ajo
4.2. La expansión "hacia abajo" de la categoría
4.3. Los títulos habilitadores y la opción para una interpretación en clave funcional
5. El camino español: de lege lata, ¿hay espacio para diferenciar al político?
III. ¿Quién es el "político"?
1. El "político" como legislador
1.1. Excursus: el Estado social y la "democratización" de la Administración pública
1.2. Cuando la jurisprudencia ha querido diferenciar al poder legislativo del ejecutivo: breve referencia al asunto ERE
2. El "político" como persona que desempeña una función pública en virtud de una legitimación democrática
2.1. Breve excursus: la "politización" de la Administración pública
IV. Algunas conclusiones provisionales
V. Bibliografía
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