Diccionario panhispánico del español jurídico

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La cadena perpetua y la custodia de seguridad en la reforma penal de 2013

por Ríos Martín, Juan Carlos

Artículo
ISSN: 1132-9955
Ver otros artículos del mismo número: 1

La pena de prisión perpetua se trata de una privación de libertad, en principio, hasta la frontera de la muerte. Aunque sea excepcionalísimamente revisable, el enjuiciamiento de su racionalidad ha de partir de la constatación de lo que es un lugar común entre los especialistas en materia penal: la crisis de la pena privativa de libertad, porque no priva solamente de la libertad, sino que además descoyunta la indispensable sociabilidad humana. […]

Tabla de Contenidos

I. La cadena perpetua
1. A modo de introducción
2. Posibilidades legales de revisión
3. Una pena injustificada
4. Argumentos que la convierten en una pena de dudosa constitucionalidad
5. Los errores judiciales
6. Otras consecuencias indeseables
7. Existencia de penas eternas de prisión
II. La custodia de seguridad
1. Descripción de la normativa reguladora de la custodia de seguridad
2. Fundamento del Anteproyecto para incorporar la custodia de seguridad al Código penal
3. La custodia de seguridad y fundamentos de política criminal
3.1. ¿Es cierto que la custodia de seguridad incrementará la seguridad ciudadana?
3.2. ¿Es cierto que en estos momentos la seguridad ciudadana vinculada al Derecho penal está en riesgo?
3.3. ¿Una vez implantada la custodia de seguridad se ganará en confianza en la administración de justicia?
4. La custodia de seguridad y su déficit de legitimidad jurídica
4.1. Quiebra el derecho fundamental a la libertad y el principio de intervención mínima del Derecho penal
4.2. Quiebra el derecho a la presunción de inocencia
4.3. Quiebra el principio básico en Derecho penal de la certeza/determinación de la pena a cumplir
4.4. Vulneración del principio de legalidad («non bis in idem»)
4.5. Posible vulneración del principio de culpabilidad
4.6. Se despedaza el principio de reinserción social establecido en el art. 25.2 de la Constitución Española
4.7. Es una medida cuestionada por organismos internacionales de derechos humanos en los países en los que está vigente
4.8. Consecuencias para la Administración de Justicia
4.9 Cuestiones procesales


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  • Número de páginas: 36

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La pena de prisión perpetua se trata de una privación de libertad, en principio, hasta la frontera de la muerte. Aunque sea excepcionalísimamente revisable, el enjuiciamiento de su racionalidad ha de partir de la constatación de lo que es un lugar común entre los especialistas en materia penal: la crisis de la pena privativa de libertad, porque no priva solamente de la libertad, sino que además descoyunta la indispensable sociabilidad humana. […]

Tabla de Contenidos

I. La cadena perpetua
1. A modo de introducción
2. Posibilidades legales de revisión
3. Una pena injustificada
4. Argumentos que la convierten en una pena de dudosa constitucionalidad
5. Los errores judiciales
6. Otras consecuencias indeseables
7. Existencia de penas eternas de prisión
II. La custodia de seguridad
1. Descripción de la normativa reguladora de la custodia de seguridad
2. Fundamento del Anteproyecto para incorporar la custodia de seguridad al Código penal
3. La custodia de seguridad y fundamentos de política criminal
3.1. ¿Es cierto que la custodia de seguridad incrementará la seguridad ciudadana?
3.2. ¿Es cierto que en estos momentos la seguridad ciudadana vinculada al Derecho penal está en riesgo?
3.3. ¿Una vez implantada la custodia de seguridad se ganará en confianza en la administración de justicia?
4. La custodia de seguridad y su déficit de legitimidad jurídica
4.1. Quiebra el derecho fundamental a la libertad y el principio de intervención mínima del Derecho penal
4.2. Quiebra el derecho a la presunción de inocencia
4.3. Quiebra el principio básico en Derecho penal de la certeza/determinación de la pena a cumplir
4.4. Vulneración del principio de legalidad («non bis in idem»)
4.5. Posible vulneración del principio de culpabilidad
4.6. Se despedaza el principio de reinserción social establecido en el art. 25.2 de la Constitución Española
4.7. Es una medida cuestionada por organismos internacionales de derechos humanos en los países en los que está vigente
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