Regulación del derecho de propiedad en Venezuela y la gobernabilidad del estado a partir de la constitución nacional de 1999

En la República Bolivariana de Venezuela, el Derecho de Propiedad tiene antecedentes constitucionales desde los inicios de la vida republicana en 1811, ha sido consagrado en el artículo 115 de la Constitución Nacional de 1999 (CRBV), y su protección estatal en el artículo 55 constitucional. En consecuencia, el Estado Venezolano sólo de manera excepcional, y por causa de utilidad pública o social, tradicionalmente procedía a expropiar bienes de particulares. Dicho mandato constitucional se ha desarrollado mediante la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social, siendo su última versión la de 1958, reformada en 2002.
El marco normativo anteriormente destacado se ha ampliado significativamente a partir de la sanción de la Constitución Nacional de 1999, mediante un conjunto de leyes para normar la afectación de los bienes identificados económicamente como «medios de producción», o de aquellos que en opinión del Gobierno Nacional sean requeridos para la satisfacción de necesidades colectivas. Todo ello bajo el impulso político del Ejecutivo Nacional y con la finalidad de consolidar la propuesta del modelo socialista de gestión pública, como se ha plasmado en la generalidad de las exposiciones de motivos de las referidas leyes. Motivo por el cual la afectación a la propiedad privada haya sido calificada por los sectores de oposición política como uno de los aspectos generadores de conflictos y que impacta negativamente en las apreciaciones sobre la Gobernabilidad Democrática del Estado Venezolano. También se estudian aspectos teóricos sobre el vocablo Gobernabilidad.