El patrimonio protegido de las personas con discapacidad en el ordenamiento jurídico español

El objeto de estas líneas será el estudio del patrimonio especialmente protegido creado por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de Protección Patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa tributaria con esta finalidad, en el marco de las políticas de protección de las personas en situaciones de discapacidad y dependencia. En particular, aquella institución de nuevo corte, se asocia al de una masa patrimonial vinculada a los intereses vitales del beneficiario.Carece por definición legal, de personalidad jurídica y responde adecuadamente a la noción tradicional de patrimonio de destino. Después una larga tramitación la mencionada Ley 41/2003 ha sido reformada por la Ley 1/2009, de 25 de marzo, de Reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de la normativa tributaria con esta finalidad. Es el objeto de esta Ley «facilitar la efectiva puesta en práctica de la figura del patrimonio protegido con mecanismo de protección de las personas con discapacidad (…), la mejora de la comunicación de la constitución del patrimonio protegido al Ministerio Fiscal». Adicionalmente en este trabajo se tendrá en cuenta la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad, suscrita en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, y que forma parte del ordenamiento jurídico español habiéndose autorizado su ratificación por Ley Orgánica 1/2008, de 30 de julio. La propia Ley 1/2009, marca los pasos de las futuras reformas de nuestro ordenamiento referidas, en especial a la legislación reguladora de los procedimientos de modificación de la capacidad de obrar.