Democracia, derechos humanos y constitución exigen el cierre inmediato de los centros de internamiento de extranjeros (CIES)

Desde que el primer gobierno del PSOE después de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, llevó a las Cortes Generales la primera Ley Orgánica de extranjería, aprobada por mayoría absoluta holgada socialista en el parlamento, se oficializó en España la detención irregular e inconstitucional de los extranjeros sometidos a expulsión por un tiempo de hasta cuarenta días, implicando al poder judicial en la adopción de tal medida normativa sustancialmente contraria a los parámetros mínimos de la legitimidad democrática, al disponer que la competencia para ordenar la detención es de los jueces de instrucción del lugar donde fuera detenido el extranjero. Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES) que no pueden ser penitenciarios, se improvisaron, después se construyeron y, al poco tiempo, su ocupación se vio sobrepasada. Desde entonces hasta hoy y por tal motivo, no resultó extraño a las autoridades que los extranjeros sometidos a esta detención, lo fueran también en centros penitenciarios o en locales contrarios a la dignidad de todo ser humano. […]