La prueba ilícita por violación de derechos fundamentales y sus excepciones

En este artículo se pretende hacer un breve estudio
de la ilicitud de la prueba y de las consecuencias jurídicas que ello
conlleva, así como de las excepciones a dicha ilicitud.
La sentencia del Tribunal Constitucional 114/1984, de 29 de noviembre, introdujo en nuestro sistema legal la prohibición de utilizar
pruebas obtenidas vulnerando derechos fundamentales. Consecuencia de esta sentencia fue el artículo 11.1 Ley Orgánica del Poder
Judicial que prohíbe expresamente la valoración de dichas pruebas,
que puedan surtir efectos en el proceso y sirvan para basar en ellas
una sentencia condenatoria.
No obstante esta regla de exclusión de la prueba ilícita, el riesgo
de admitir una prueba obtenida habiéndose vulnerado derechos
fundamentales está presente en nuestro proceso a través de las cada
vez más frecuentes excepciones, apreciadas por los Tribunales, tanto
por el Tribunal Supremo como por el Tribunal Constitucional, que
permiten que una prueba ilícitamente obtenida, se llegue a valorarse
para que determinados delitos no queden impunes.