Del tratamiento jurídico, a la realidad y efectividad de las políticas en igualdad de género

En una sociedad en la que existe la desigualdad de género, se violan derechos y libertades. Uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho es el principio de igualdad. Desde un punto de vista jurídico se reconoce la igualdad de todas las personas ante la Ley, pero hace falta además que se produzcan cambios sociales y estructurales que hagan de ese principio constitucional, una igualdad real y efectiva. El Estado social y democrático de Derecho requiere que las políticas públicas que desarrolla introduzcan como uno de sus objetivos fundamentales el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Las políticas activas de igualdad de género deben de ser puestas en marcha desde las instituciones públicas para la superación de los obstáculos que dificultan la plena participación de las mujeres en los diversos ámbitos de la vida, con el fin de convertir la igualdad reconocida legalmente, en una situación real y efectivamente igualitaria para mujeres y hombres. La razón fundamental que justifica la necesidad de las políticas de igualdad de género es la persistencia de la diferencia que existe entre la igualdad legal, la ausencia de discriminación en la legislación vigente, y la igualdad real, la igualdad de trato como criterio en las prácticas sociales.