La cooperación interparlamentaria e intergubernamental de las comunidades autónomas en asuntos europeos tras la STC 31/2010

En los últimos cuatro años, el sistema político español ha adquirido una nueva configuración jurídica como consecuencia de las reformas estatutarias del periodo 2006-2010 y del Tratado de Lisboa de 13 diciembre de 2007, en vigor desde el 1 de diciembre de 2009. Junto a la participación autonómica en el proceso decisorio europeo, en el ámbito parlamentario, el Tratado de Lisboa y dos de sus Protocolos han justificado, asimismo, la aprobación de la Ley 24/2009, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, y el derecho de los Parlamentos a participar en el procedimiento de control de la subsidiariedad. Se trata, además, de tres conjuntos normativos que abren un nuevo campo de estudio a la relación entre poderes y, conforme a una interpretación sistemática y un entendimiento integrador del Estado, permiten fundamentar y ampliar las competencias y funciones parlamentarias al proceso decisorio europeo, a la cooperación descentralizada y a las relaciones interparlamentarias. Conforme a este planteamiento, y a la luz de la doctrina del Tribunal Constitucional (STC 31/2010, de 28 de junio), en este trabajo analizamos tres aspectos fundamentales de las competencias y funciones europeas del sistema parlamentario español: a) La configuración legal de estas competencias y funciones; b) La participación orgánica de las Comunidades Autónomas en las fases ascendente y descendente del proceso decisorio europeo; y c) Las funciones de los Parlamentos autonómicos en sistema de alerta temprana para el control de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.