Derecho a la vivienda y desahucios: la protección del deudor hipotecario en la jurisprudencia del TJUE

En los últimos años ha sido objeto de un amplio debate la configuración del procedimiento de ejecución hipotecaria, en el que se ha puesto el acento en sus deficiencias en una situación de crisis tan profunda como la que estaban padeciendo las familias en España. Especialmente, recibió severas críticas porque tradicionalmente ha restringido las posibilidades que tiene el deudor de oponerse a la ejecución. Y sin embargo, el Tribunal Constitucional, en repetidas ocasiones, había declarado la constitucionalidad del sistema procesal hipotecario, incluyendo la limitación de los motivos de oposición. En este contexto, el papel del TJUE ha sido determinante para que se procediera a la modificación del marco normativo interno al objeto de acomodarlo al derecho europeo (Directiva 93/137/CEE sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores). Con todo, la circunstancia de que la solución proviniera del derecho europeo en materia de protección de consumidores no debe eclipsar la circunstancia de que el principio de eficacia, que constituye el eje central de la argumentación del TJUE, no es sino expresión del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.