El Estado de Alarma en España

A través del Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo, se declaró el estado excepcional de alarma previsto en el art. 116 de la Constitución y desarrollado en la Ley Orgánica de los Estados Excepcionales de 1981. Lo novedoso de esta situación nos lleva a analizar si en su declaración inicial en lo que se refiere a la constatación de uno de los supuestos habilitantes previstos en la norma, al procedimiento que se siguió y a las medidas decretadas y sus efectos, así como en su posterior prórroga, se han observado los requisitos constitucional y legalmente establecidos. Asimismo, se intenta poner de manifiesto las posibles deficiencias que ofrece su regulación, así como futuras mejoras. La realización de este trabajo parte de la situación que se vivía en España tras aprobarse la Constitución que llevó al Gobierno del momento a incluir en su agenda política la lucha contra la delincuencia, inseguridad ciudadana y terrorismo. Las políticas públicas legislativas que se emprenderían en esos años buscaban dotar al Estado español de un instrumento eficaz para poner fin a distintas situaciones que ponían en riesgo la seguridad ciudadana o el mantenimiento del orden público, al constituir ataques directos a los derechos y libertades de la ciudadanía. Sin duda, esas previsiones que datan ya de más de treinta años ofrecen lagunas o deficiencias que se han hecho más evidentes tras los acontecimientos vividos en diciembre del pasado año y la aplicación de las mismas por primera vez para hacer frente a la situación caótica vivida en los aeropuertos.