El gobierno de las universidades: ¿regulación o incentivos?

En 1983 la Ley de Reforma Universitaria (LRU) redefinió el marco institucional de la universidad Española y permitió, sin embargo, que esta fuera capturada, patrimonializada, por los claustros universitarios en la defensa de cuyos intereses se ejerce la autonomía universitaria. El problema de la universidad actual no es la falta de autonomía universitaria sino el uso espurio que se hace de esta y que ninguna reforma legal ha sido capaz de contrarrestar eficazmente. En el futuro, cualquier intento de reforma debe centrarse no solo en la redefinición del marco legal sino también en el establecimiento de incentivos adecuados, en concreto en el establecimiento de un sistema de financiación de gasto corriente por objetivos. El actual envejecimiento de los claustros universitarios supone una oportunidad única de llevar a cabo una reforma en profundidad de la universidad, vinculando los previsibles aumentos en el gasto público a la adopción de prácticas internacionalmente aceptables de incorporación de talento, a semejanza de las que ya existen para la incorporación de investigadores.