Igualdad y no discriminación por sexo y género: el lenguaje de los derechos

Desde el acceso masivo de las mujeres a los mercados de trabajo el sistema jurídico ha utilizado distintos lenguajes para atender a tan decisivo fenómeno histórico y reconocer derechos constitucionales y derechos legales laborales y de protección social a las mujeres: un lenguaje masculino genérico, con la consiguiente invisibilidad jurídica de las mujeres; un lenguaje neutro, sin marcar el género femenino, tanto para combatir la discriminación de las mujeres por sexo, como para permitir mandatos jurídicos de acción positiva y de reserva de cuotas en favor de la igualdad real y efectiva de las mujeres y compensar sus arraigadas diferencias peyorativas en la organización familiar y social, en el sistema económico, y en el trabajo remunerado; un lenguaje marcado femenino para proteger la maternidad biológica frente a las discriminaciones causadas por causa de embarazo, parto y lactancia natural; y un lenguaje masculino genérico para corresponsabilizar a los hombres en las tareas de cuidado familiar mediante la atribución de la titularidad indistinta, a hombres y mujeres, de los derechos de conciliación de la vida familiar y laboral, no obstante su práctica sea marcadamente femenina y fuente de nuevas discriminaciones de las mujeres, perpetuando la división sexista de las labores de cuidado familiar y doméstico y de trabajo remunerado y sus distintas consecuencias discriminatorias o brechas de género. El logro de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres es un objetivo constitucional irrenunciable, al que han de servir las reformas de nuestro ordenamiento laboral, de empleo público y de seguridad social. También la reforma de la Constitución será la ocasión para avanzar en igualdad y en la erradicación de las discriminaciones atentatorias a la dignidad de las personas.