Necesidades políticas y protesta colectiva en la regulación de los matrimonios homosexuales en España

Tras la entrada en vigor de la Ley 13/2005, de 1 de julio, la "identidad sexual" ha dejado de ser un criterio relevante en la definición de la capacidad legal para contraer matrimonio en España. Gracias a esta ley, no solamente las parejas formadas por personas de sexo diferente, sino también las formadas por personas del mismo sexo (en adelante, "uniones homosexuales") (1) pueden contraer matrimonio civil. Tanto en lo concerniente al impacto en la situación legal de las personas homosexuales, como a lo referido a las prioridades políticas e ideológicas del Gobierno actual, la legalización de los matrimonios homosexuales representa una verdadera revolución. La ley extiende a las personas homosexuales multitud de derechos (y obligaciones también) relacionados con la convivencia continuada basada en el afecto. Y en lo simbólico, al garantizar el acceso al matrimonio a las uniones homosexuales, entre otras políticas de similar naturaleza, el Gobierno español parece estar persiguiendo la eliminación de aquellas políticas que institucionalizaban el sistema de valores definido por la religión católica, o al menos una parte de él. Como se ha escrito recientemente, "el PSOE está legitimando un discurso que contiene una visión determinada de qué es la igualdad como sinónimo de ciudadanía y democracia, y que además incluye una definición de los principales problemas (y las soluciones) que afectan a la ciudadanía discriminada" (Platero, 2006: 103). […]