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La pandemia, el estado de alarma y los jueces
La pandemia que se ha extendido por el mundo desde principios de 2020 ha conmovido los cimientos de la sociedad y ha exigido de los poderes públicos medidas enérgicas dirigidas a combatirla. Los efectos de la propagación de la enfermedad y de las disposiciones establecidas para impedirla han originado y seguirán originando una intensa conflictividad jurídica sobre la que han tenido y tendrán que pronunciarse los tribunales. Este trabajo expone cuáles han sido sus principales expresiones en el período que va desde marzo de 2020 a mayo de 2021. Se centra en los problemas suscitados ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, pero también refleja otros que pudieron llegar a ella. En su conjunto, muestra los instrumentos jurídicos utilizados y los debates abiertos en torno a ellos y a sus límites. Señala que no son especialmente diferentes a los establecidos en otros países europeos y concluye que, en un contexto de emergencia, la respuesta judicial ha buscado el equilibrio en la protección de los derechos enfrentados.
I. El escenario
II. La respuesta a la emergencia
III. El estado de alarma
IV. Las declaraciones de estado de alarma a causa de la pandemia del COVID-19 y las disposiciones que las han acompañado
V. De la aceptación a la confrontación
VI. El estado de alarma en los tribunales:
1. En el orden penal
2. En el orden laboral
3. En el orden contencioso-administrativo:
3.1. El ámbito de enjuiciamiento y los problemas de constitucionalidad
3.2. Las inadmisiones por falta de jurisdicción de la Sala y de legitimación de los recurrentes
3.3. La competencia para conocer de actos y recursos contra actos y disposiciones adoptados por los Presidentes de las Comunidades y Ciudades Autónomas como autoridad delegada del Gobierno en materia de estado de alarma
3.4. Las medidas cautelares concedidas
3.5. La protección del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica y a la salud del personal sanitario
3.6. La obligación de llevar mascarilla
3.7. La limitación de los derechos de circulación y reunión
3.8. Las restricciones a la pesca recreativa
3.9. El derecho de manifestación
3.10. La suspensión de las elecciones
4. La declaración de actuaciones coordinadas en materia de salud
5. Las autorizaciones y ratificaciones que corresponde conceder o denegar a los Juzgados y Salas de lo Contencioso Administrativo
VII. Conclusión
- Formato: PDF
- Número de páginas: 68
La pandemia que se ha extendido por el mundo desde principios de 2020 ha conmovido los cimientos de la sociedad y ha exigido de los poderes públicos medidas enérgicas dirigidas a combatirla. Los efectos de la propagación de la enfermedad y de las disposiciones establecidas para impedirla han originado y seguirán originando una intensa conflictividad jurídica sobre la que han tenido y tendrán que pronunciarse los tribunales. Este trabajo expone cuáles han sido sus principales expresiones en el período que va desde marzo de 2020 a mayo de 2021. Se centra en los problemas suscitados ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, pero también refleja otros que pudieron llegar a ella. En su conjunto, muestra los instrumentos jurídicos utilizados y los debates abiertos en torno a ellos y a sus límites. Señala que no son especialmente diferentes a los establecidos en otros países europeos y concluye que, en un contexto de emergencia, la respuesta judicial ha buscado el equilibrio en la protección de los derechos enfrentados.
I. El escenario
II. La respuesta a la emergencia
III. El estado de alarma
IV. Las declaraciones de estado de alarma a causa de la pandemia del COVID-19 y las disposiciones que las han acompañado
V. De la aceptación a la confrontación
VI. El estado de alarma en los tribunales:
1. En el orden penal
2. En el orden laboral
3. En el orden contencioso-administrativo:
3.1. El ámbito de enjuiciamiento y los problemas de constitucionalidad
3.2. Las inadmisiones por falta de jurisdicción de la Sala y de legitimación de los recurrentes
3.3. La competencia para conocer de actos y recursos contra actos y disposiciones adoptados por los Presidentes de las Comunidades y Ciudades Autónomas como autoridad delegada del Gobierno en materia de estado de alarma
3.4. Las medidas cautelares concedidas
3.5. La protección del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica y a la salud del personal sanitario
3.6. La obligación de llevar mascarilla
3.7. La limitación de los derechos de circulación y reunión
3.8. Las restricciones a la pesca recreativa
3.9. El derecho de manifestación
3.10. La suspensión de las elecciones
4. La declaración de actuaciones coordinadas en materia de salud
5. Las autorizaciones y ratificaciones que corresponde conceder o denegar a los Juzgados y Salas de lo Contencioso Administrativo
VII. Conclusión
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