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La transposición al ordenamiento español de la Directiva 2019/633/UE, de 17 de abril, sobre prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario
La difícil situación que la cadena agroalimentaria padece tanto en materia de prácticas comerciales que repercuten sobre los proveedores como con respecto a la distinta capacidad negociadora de los agentes intervinientes en ella, ha llevado a la UE a adoptar la Directiva 2019/633, de 17 de abril. Una Directiva de armonización mínima, cuya transposición al ordenamiento español ha resultado compleja, fragmentaria, y con algunas soluciones cuestionables y poco ambiciosas. Como se analiza en el artículo, en ocasiones, resulta complicado discernir si la transposición realizada por el legislador español se mantiene dentro de los objetivos y finalidades de la Directiva, o, si, por el contrario, rebasa su campo propio para adentrarse en regulaciones propias de otros grupos normativos.
I. La Directiva 2019/633/UE, de 17 de abril: naturaleza, contexto y antecedentes
1. Significación general de la Directiva
2. Naturaleza: una Directiva de armonización mínima
II. La transposición de la Directiva 2019/633 al ordenamiento español
1. El proceso de transposición: una transposición en varias fases
2. Un hito previo: el Real Decreto-Ley 5/2020, de 25 de febrero y la Ley 8/2020, de 16 de diciembre. El controvertido art. 12 ter de la Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria
III. El ámbito de aplicación y las listas de prácticas comerciales prohibidas
1. El campo de aplicación de la Directiva 2019/633
2. La extensión del ámbito de aplicación por parte de la Ley 16/2021
3. La lista de prácticas negras y grises: prohibiciones absolutas y relativas
A) Marco general
B) Su contemplación en el ordenamiento español
IV. El control del cumplimiento de las previsiones de la Directiva
1. La previsión de una Autoridad Nacional de Ejecución
A) Competencia territorial de las autoridades de ejecución
B) La Agencia de Información y Control Alimentarios y las autoridades autonómicas de ejecución
2. El procedimiento de control: la problemática de las denuncias y la legitimación de las asociaciones representativas de intereses colectivos
V. A modo de conclusiones
- Formato: PDF
- Número de páginas: 44
La difícil situación que la cadena agroalimentaria padece tanto en materia de prácticas comerciales que repercuten sobre los proveedores como con respecto a la distinta capacidad negociadora de los agentes intervinientes en ella, ha llevado a la UE a adoptar la Directiva 2019/633, de 17 de abril. Una Directiva de armonización mínima, cuya transposición al ordenamiento español ha resultado compleja, fragmentaria, y con algunas soluciones cuestionables y poco ambiciosas. Como se analiza en el artículo, en ocasiones, resulta complicado discernir si la transposición realizada por el legislador español se mantiene dentro de los objetivos y finalidades de la Directiva, o, si, por el contrario, rebasa su campo propio para adentrarse en regulaciones propias de otros grupos normativos.
I. La Directiva 2019/633/UE, de 17 de abril: naturaleza, contexto y antecedentes
1. Significación general de la Directiva
2. Naturaleza: una Directiva de armonización mínima
II. La transposición de la Directiva 2019/633 al ordenamiento español
1. El proceso de transposición: una transposición en varias fases
2. Un hito previo: el Real Decreto-Ley 5/2020, de 25 de febrero y la Ley 8/2020, de 16 de diciembre. El controvertido art. 12 ter de la Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria
III. El ámbito de aplicación y las listas de prácticas comerciales prohibidas
1. El campo de aplicación de la Directiva 2019/633
2. La extensión del ámbito de aplicación por parte de la Ley 16/2021
3. La lista de prácticas negras y grises: prohibiciones absolutas y relativas
A) Marco general
B) Su contemplación en el ordenamiento español
IV. El control del cumplimiento de las previsiones de la Directiva
1. La previsión de una Autoridad Nacional de Ejecución
A) Competencia territorial de las autoridades de ejecución
B) La Agencia de Información y Control Alimentarios y las autoridades autonómicas de ejecución
2. El procedimiento de control: la problemática de las denuncias y la legitimación de las asociaciones representativas de intereses colectivos
V. A modo de conclusiones
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