Los nuevos retos de la protección de las personas dependientes tras las sucesivas reformas: dependencia como derecho social, economía de cuidados de larga duración y Sistema para la Autonomía y atención a la Dependencia

A lo largo del ciclo vital las personas están expuestas a una amplia y variada gama de riesgos y situaciones de necesidad durante toda su vida. Ello forma parte de la condición humana. El modelo lineal de sucesión de etapas (nacimiento, educación, trabajo, matrimonio o unidad de convivencia, hijos, jubilación y muerte) que ha venido rigiendo la vida de las personas a lo largo de la historia, ya no se ajusta a la realidad social mucho más compleja. Lo que hoy predomina de manera generalizada es que las personas siguen un ciclo de vida menos lineal y estable, de manera que, según las etapas y actividades se van transformando durante el ciclo vida de cada persona y en función de su situación. Y es un hecho que en el presente las etapas de educación, trabajo, familia y ocio se repiten y reorganizarán a lo largo de la vida de las personas. Es lo cierto, por otra parte, que el ciclo de vida se viene alargando y se hace más complejo en la sucesión de cambios y en las biografías individuales. Además, la esperanza de vida también se ha alargado visiblemente y se prevé que continuará alargándose. La constatación es que estamos ante una “sociedad envejecida”, que en el mejor de los calificativos se puede denominar “sociedad longeva”. Hay que añadir inmediatamente que todo esto refleja el éxito de las políticas sociales en su conjunto (salud, reducción de desigualdades, políticas de ingresos durante la vida activa y durante el periodo de vida inactiva y gozando del disfrute de prestaciones públicas sean económicas directas o de servicios sociales de atención y cuidados. Las consecuencias de estos cambios vitales -vinculados a las realidades sociales- son considerables en todos los ámbitos (personal, social, político, jurídico, económico y cultural). De este modo para afrontar la complejidad de lo social se requiere articular programas sociolaborales de trabajo decente (necesarios para la protección social durante todo el ciclo de vida) y de protección social pública tanto a través de técnicas de Seguridad Social (contributivas y no contributivas) como las de carácter asistencia y servicial. Para ello se ha de garantizar la responsabilidad general del Estado (cuyo deber es proteger los derechos sociales prestacionales que son el presupuesto del ejercicio de las libertades), los principios de solidaridad, inclusividad y la participación democrática de todos los interesados y sus representantes en la gestión de los regímenes de protección social. […]