El condicionamiento institucional de la independencia del juez

Es obvio que la independencia del juez en su decisiva labor dependerá, ante todo, de su propia honestidad personal y de su sólida formación profesional, incluida su dimensión ética. No lo es menos, sin embargo, que en ámbito público las cosas no siempre son como son, sino que con frecuencia se aprecian como parecen ser. Esto da paso a la necesidad de una independencia objetiva, que tan sufrido sujeto –con frecuencia– difícilmente podrá controlar.
El marco institucional en que su tarea se desenvuelve va a condicionarle intensamente. Después de nueve años en el Tribunal Constitucional como magistrado, he tenido hace unos días que afirmar –en un programa de televisión– que respeto profundamente la presunción de inocencia de todo ciudadano, viéndome obligado a añadir –dado el contexto del coloquio– “incluidos los magistrados del Tribunal Constitucional”.
Durante los años aludidos, me he visto –como todos mis compañeros– obligado a soportar la pública convicción que plasmé en la contraportada de un reciente libro(1): “El autor es consciente de que más de un ciudadano está convencido de que los magistrados del Tribunal Constitucional reciben instrucciones de los partidos que los propusieron, sobre en qué sentido resolver las cuestiones sometidas a su deliberación y votación. De ahí su interés introductorio (refrendado por el cuadro final) en resaltar que en 33 ocasiones ha formulado votos disidentes respecto a sentencias consideradas conservadoras y en 36 respecto a otras con mayoritarios votos presuntamente progresistas”. [...]