La Administración sirve con objetividad los intereses generales

La Constitución de 1978 es ya casi la más longeva y resistente de nuestra historia. Aunque se edificó sobre un consenso político y social muy amplio, la sociedad española y las instituciones que alumbró han debido superar desde entonces numerosos y graves desafíos: un golpe de estado anacrónico, tres décadas de terrorismo de ETA, los proyectos o procesos separatistas en País Vasco y Cataluña, varios períodos de extendida corrupción política, episodios dramáticos de violencia yihadista, la profunda crisis económica de principios de este siglo y sus consecuencias sociales, aprovechadas por grupos antisistema… y hasta una crisis en la misma Jefatura del Estado. Y, pese a todo ello, durante su vigencia el país ha experimentado un desarrollo económico y social sin precedentes, se han reconocido y ampliado gradualmente nuevos derechos individuales y sociales, se ha transformado un Estado centralista en otro esencialmente descentralizado, que a su vez se ha integrado en la Unión Europea y se ha abierto a una creciente corriente migratoria.
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