Diccionario panhispánico del español jurídico

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La lucha por la constricción de la inmunidad de jurisdicción en el Derecho social: argumentos y perspectivas

por Arias Domínguez, Ángel

Artículo
ISSN: 1696-9626
Madrid Iustel 2023
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La importante STS-SOC 949/2022, de 30 de noviembre patrocina una interesante vuelta de tuerca para construir una limitación adicional a la apreciación restringida de la inmunidad de jurisdicción, tradicional en nuestro ordenamiento jurídico. No se trata ya, tan solo, de limitar su eficacia únicamente para cuando los Estados extranjeros aduzcan cuestiones de seguridad o defensa para evitar el enjuiciamiento jurisdiccional de sus decisiones extintivas del personal laboral, como se había venido manteniendo por el alto Tribunal. Sino de circunscribir su eficacia únicamente para cuando la referida alegación venga complementada con un principio de prueba que acredite lo alegado. Sin exigir, en puridad, una prueba completa de que las actividades laborales de estos trabajadores contratados han estado en contacto con documentación que afecten a dichos intereses, sí patrocina -y aquí radica su importancia- que se aduzca, al menos, un argumento de razonabilidad que facilite la aplicación del óbice de procedibilidad, imponiendo así una ruptura con el tradicional entendimiento de que la mera alegación de dicha causa hacía operativa la alegación inmunitaria. Con ello, se desplaza el punto de atención desde la alegación formal de la causa por la que se esgrime la inmunidad de jurisdicción hacia la verdadera naturaleza de la actividad efectivamente desarrollada por el trabajador contratado por el Estado extranjero, revitalizando y poniendo el valor la tradicional distinción entre actos de soberanía y actos de gestión para conceder o no el privilegio procesal.

The important STS-SOC 949/2022, of November 30, sponsors an interesting twist to build an additional limitation to the restricted appreciation of immunity from jurisdiction, traditional in our legal system. It is no longer just a matter of limiting its effectiveness only for when foreign states adduce security or defense issues to avoid judicial prosecution of their decisions terminating labor personnel, as had been maintained by the High Court. But to circumscribe its effectiveness only when the aforementioned allegation is complemented with a principle of proof that proves the allegation. Without strictly demanding full proof that the work activities of these contracted workers have been in contact with documentation that affects said interests, it does encourage -and herein lies its importance- that at least one argument of reasonableness be adduced that facilitates the application of the procedural obstacle, thus imposing a break with the traditional understanding that the mere allegation of said cause made the immunity allegation operative. With this, the point of attention is shifted from the formal allegation of the cause for which immunity from jurisdiction is used towards the true nature of the activity actually carried out by the worker hired by the foreign State, revitalizing and valuing the traditional distinction between acts of sovereignty and acts of management to grant or not the procedural privilege.

Tabla de Contenidos

I. La influencia de la inmunidad de jurisdicción en el ejercicio de los derechos laborales.
II. La etapa de la perspectiva “absoluta” del óbice procesal y sus consecuencias.
III. La asunción jurisdiccional de la perspectiva “relativa”, sus argumentos y sus límites.
A) La diferenciación entre inmunidad diplomática e inmunidad de jurisdicción.
B) La distinción entre inmunidad de jurisdicción y de ejecución.
C) La influencia del Derecho a la Tutela Judicial Efectiva.
D) La diferenciación entre “acta iure gestioni” y “acta iure imperii”.
a) Los elementos conformadores del principio.
b) Las cuestiones de personal como acto de gestión ordinaria.
IV. La pulsión rehabilitadora de la inmunidad de jurisdicción.
A) Mediante Convenios Internacionales.
a) Exclusión absoluta.
b) La instauración de un arbitraje obligatorio.
B) Por razón de la materia.
V. Inmunidad de jurisdicción y contratación laboral.
A) Por Embajadas o Consulados.
B) Por Organizaciones Internacionales.
VI. Aspectos prácticos y operativos.
VII. Conclusiones.
VIII. Jurisprudencia empleada.
IX. Bibliografía.

I. The influence of immunity from jurisdiction in the exercise of labor rights.
II. The stage of the "absolute" perspective of the procedural obstacle and its consequences.
III. The jurisdictional assumption of the “relative” perspective, its arguments and its limits.
A) The differentiation between diplomatic immunity and immunity from jurisdiction.
B) The distinction between immunity from jurisdiction and execution.
C) The influence of the Right to Effective Judicial Protection.
D) The differentiation between “acta iure gestioni” and “acta iure imperii”.
a) The constituent elements of the principle.
b) Personnel issues as an act of ordinary management.
IV. The rehabilitative drive of immunity from jurisdiction.
A) Through International Agreements.
a) Absolute exclusion.
b) The establishment of compulsory arbitration.
B) Due to the matter.
V. Immunity from jurisdiction and labor contracting.
A) By Embassies or Consulates.
B) By International Organizations.
VI. Practical and operational aspects.
VII. conclusions.
VIII. Jurisprudence used.
IX. Bibliography.


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La importante STS-SOC 949/2022, de 30 de noviembre patrocina una interesante vuelta de tuerca para construir una limitación adicional a la apreciación restringida de la inmunidad de jurisdicción, tradicional en nuestro ordenamiento jurídico. No se trata ya, tan solo, de limitar su eficacia únicamente para cuando los Estados extranjeros aduzcan cuestiones de seguridad o defensa para evitar el enjuiciamiento jurisdiccional de sus decisiones extintivas del personal laboral, como se había venido manteniendo por el alto Tribunal. Sino de circunscribir su eficacia únicamente para cuando la referida alegación venga complementada con un principio de prueba que acredite lo alegado. Sin exigir, en puridad, una prueba completa de que las actividades laborales de estos trabajadores contratados han estado en contacto con documentación que afecten a dichos intereses, sí patrocina -y aquí radica su importancia- que se aduzca, al menos, un argumento de razonabilidad que facilite la aplicación del óbice de procedibilidad, imponiendo así una ruptura con el tradicional entendimiento de que la mera alegación de dicha causa hacía operativa la alegación inmunitaria. Con ello, se desplaza el punto de atención desde la alegación formal de la causa por la que se esgrime la inmunidad de jurisdicción hacia la verdadera naturaleza de la actividad efectivamente desarrollada por el trabajador contratado por el Estado extranjero, revitalizando y poniendo el valor la tradicional distinción entre actos de soberanía y actos de gestión para conceder o no el privilegio procesal.

The important STS-SOC 949/2022, of November 30, sponsors an interesting twist to build an additional limitation to the restricted appreciation of immunity from jurisdiction, traditional in our legal system. It is no longer just a matter of limiting its effectiveness only for when foreign states adduce security or defense issues to avoid judicial prosecution of their decisions terminating labor personnel, as had been maintained by the High Court. But to circumscribe its effectiveness only when the aforementioned allegation is complemented with a principle of proof that proves the allegation. Without strictly demanding full proof that the work activities of these contracted workers have been in contact with documentation that affects said interests, it does encourage -and herein lies its importance- that at least one argument of reasonableness be adduced that facilitates the application of the procedural obstacle, thus imposing a break with the traditional understanding that the mere allegation of said cause made the immunity allegation operative. With this, the point of attention is shifted from the formal allegation of the cause for which immunity from jurisdiction is used towards the true nature of the activity actually carried out by the worker hired by the foreign State, revitalizing and valuing the traditional distinction between acts of sovereignty and acts of management to grant or not the procedural privilege.

Tabla de Contenidos

I. La influencia de la inmunidad de jurisdicción en el ejercicio de los derechos laborales.
II. La etapa de la perspectiva “absoluta” del óbice procesal y sus consecuencias.
III. La asunción jurisdiccional de la perspectiva “relativa”, sus argumentos y sus límites.
A) La diferenciación entre inmunidad diplomática e inmunidad de jurisdicción.
B) La distinción entre inmunidad de jurisdicción y de ejecución.
C) La influencia del Derecho a la Tutela Judicial Efectiva.
D) La diferenciación entre “acta iure gestioni” y “acta iure imperii”.
a) Los elementos conformadores del principio.
b) Las cuestiones de personal como acto de gestión ordinaria.
IV. La pulsión rehabilitadora de la inmunidad de jurisdicción.
A) Mediante Convenios Internacionales.
a) Exclusión absoluta.
b) La instauración de un arbitraje obligatorio.
B) Por razón de la materia.
V. Inmunidad de jurisdicción y contratación laboral.
A) Por Embajadas o Consulados.
B) Por Organizaciones Internacionales.
VI. Aspectos prácticos y operativos.
VII. Conclusiones.
VIII. Jurisprudencia empleada.
IX. Bibliografía.

I. The influence of immunity from jurisdiction in the exercise of labor rights.
II. The stage of the "absolute" perspective of the procedural obstacle and its consequences.
III. The jurisdictional assumption of the “relative” perspective, its arguments and its limits.
A) The differentiation between diplomatic immunity and immunity from jurisdiction.
B) The distinction between immunity from jurisdiction and execution.
C) The influence of the Right to Effective Judicial Protection.
D) The differentiation between “acta iure gestioni” and “acta iure imperii”.
a) The constituent elements of the principle.
b) Personnel issues as an act of ordinary management.
IV. The rehabilitative drive of immunity from jurisdiction.
A) Through International Agreements.
a) Absolute exclusion.
b) The establishment of compulsory arbitration.
B) Due to the matter.
V. Immunity from jurisdiction and labor contracting.
A) By Embassies or Consulates.
B) By International Organizations.
VI. Practical and operational aspects.
VII. conclusions.
VIII. Jurisprudence used.
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