Las coacciones expresivas en la Universidad Pública estadounidense

Este trabajo analiza hasta qué punto un estudiante en el sistema público de enseñanza universitaria en los Estados Unidos puede persuadir a los tribunales de que su institución ha violado su derecho constitucional a la libertad de expresión al forzarle a adoptar un punto de vista con el que no está de acuerdo mientras realizaba una actividad curricular. Aunque el Tribunal Supremo del país ha mostrado permisividad hacia las instituciones públicas de enseñanza que restricciones en las expresiones de sus estudiantes obedecen solamente a motivos pedagógicos legítimos, también ha dictaminado que el gobierno no puede forzar a sus ciudadanos a adoptar los puntos de vista favorecidos por el gobierno. Este trabajo analiza la dinámica entre estos dos estándares en la educación universitaria. Las conclusiones muestran que a falta de un dictamen firme por parte del Tribunal Supremo, los tribunales de rango inferior tienden a aplicar el estándar más permisivo para la universidad, excepto cuando la razón pedagógica alegada por la institución para forzar a un estudiante a expresar ciertos puntos de vista como requisito para completar una actividad curricular esconde una aversión personal contra las opiniones del estudiante.

This paper analyzes the extent to which public-university students in the United States can successfully argue in court that their institution has violated their constitutional right to free speech by forcing them to adopt a viewpoint with which they disagree while completing a curricular assignment. Although the United States Supreme Court has granted deference to public educational institutions when their restrictions on students’ curricular speech are purely motivated by legitimate pedagogical reasons, it has also held that the government may not compel its citizens to agree with government-sanctioned views. The paper seeks to analyze the interplay between these two competing standards in higher education. Conclusions reveal that in the absence of an unequivocal Supreme Court ruling, lower courts tend to apply the more deferential standard except when the university’s asserted pedagogical reason for forcing a student to express a certain viewpoint as a requirement to complete a curricular assignment hides a personal aversion against the student’s views.