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Los decretos-leyes en la crisis del coronavirus Perspectiva constitucional
El pasado mes de enero la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional en relación con la expansión del COVID-19, que fue elevada al carácter de pandemia el 11 de marzo. Las dramáticas consecuencias sanitarias y económicas de la misma son por todos conocidas y trascienden al objeto de este trabajo. Nos interesa señalar ahora únicamente que para responder a esta pandemia, siendo insuficientes las facultades previstas por la legislación ordinaria, el 14 de marzo el Gobierno aprobó la declaración del estado de alarma que todavía hoy se mantiene tras sucesivas prórrogas. Las medidas que de acuerdo con el mismo se han impuesto han comportado severas limitaciones de derechos fundamentales –al punto que se ha abierto un intenso debate doctrinal sobre si estas son puras limitaciones o han implicado la suspensión de estos derechos-, pero también de la actividad económica. Consecuentemente, esta situación de grave anormalidad ha planteado de forma inesperada toda una serie de desafíos sociales, económicos, laborales e institucionales que ha habido que afrontar con respuestas normativas, en muchos casos de rango legal, que van más allá de las medidas propias de la regulación del estado de alarma.[...]
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El pasado mes de enero la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional en relación con la expansión del COVID-19, que fue elevada al carácter de pandemia el 11 de marzo. Las dramáticas consecuencias sanitarias y económicas de la misma son por todos conocidas y trascienden al objeto de este trabajo. Nos interesa señalar ahora únicamente que para responder a esta pandemia, siendo insuficientes las facultades previstas por la legislación ordinaria, el 14 de marzo el Gobierno aprobó la declaración del estado de alarma que todavía hoy se mantiene tras sucesivas prórrogas. Las medidas que de acuerdo con el mismo se han impuesto han comportado severas limitaciones de derechos fundamentales –al punto que se ha abierto un intenso debate doctrinal sobre si estas son puras limitaciones o han implicado la suspensión de estos derechos-, pero también de la actividad económica. Consecuentemente, esta situación de grave anormalidad ha planteado de forma inesperada toda una serie de desafíos sociales, económicos, laborales e institucionales que ha habido que afrontar con respuestas normativas, en muchos casos de rango legal, que van más allá de las medidas propias de la regulación del estado de alarma.[...]
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