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¿Cómo afecta la nueva Ley de vivienda a los propietarios?
La nueva Ley por el Derecho a la Vivienda Ley ha suscitado controversias técnico jurídicas sobre la protección efectiva del derecho de propiedad, los mecanismos de recuperación de la posesión por los arrendadores, las nuevas exigencias procesales para acreditar la condición de vivienda habitual del ocupante, etc. lo que augura juicios verbales más lentos a la hora de recuperar la posesión de viviendas en procedimientos de desahucio, sin perjuicio de favorecer las dilaciones en los lanzamientos en procesos hipotecarios y ejecutivos. Se establece la intervención de las Administraciones Públicas mediante procedimientos de conciliación o intermediación en caso de vulnerabilidad cuya duración y eficacia son una incógnita. Se traslada a los propietarios la obligación del art. 47 de la Constitución que impone a los poderes públicos promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, sin que se excluya en la práctica la litigación que, eso sí, será más costosa y lenta para los propietarios de viviendas.
- Formato: PDF
- Número de páginas: 6
La nueva Ley por el Derecho a la Vivienda Ley ha suscitado controversias técnico jurídicas sobre la protección efectiva del derecho de propiedad, los mecanismos de recuperación de la posesión por los arrendadores, las nuevas exigencias procesales para acreditar la condición de vivienda habitual del ocupante, etc. lo que augura juicios verbales más lentos a la hora de recuperar la posesión de viviendas en procedimientos de desahucio, sin perjuicio de favorecer las dilaciones en los lanzamientos en procesos hipotecarios y ejecutivos. Se establece la intervención de las Administraciones Públicas mediante procedimientos de conciliación o intermediación en caso de vulnerabilidad cuya duración y eficacia son una incógnita. Se traslada a los propietarios la obligación del art. 47 de la Constitución que impone a los poderes públicos promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, sin que se excluya en la práctica la litigación que, eso sí, será más costosa y lenta para los propietarios de viviendas.
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