Diccionario panhispánico del español jurídico

Copias sin limite

La realidad práctica del Derecho Administrativo: una mirada desde los Tribunales

por Thomson Reuters Aranzadi

Libro
ISBN: 9788413084657
Cizur Menor (Navarra) Thomson Reuters Aranzadi 2020

Las materias que pueden ser abordadas bajo el paraguas del Derecho Administrativo son muy variadas y heterogéneas. No obstante, en este proyecto hemos querido seleccionar aquellas materias que han sufrido una mayor litigiosidad, han provocado la generación de nuevos pronunciamientos o han precisado la corrección de los existentes. Fruto de todo ello, nos hemos inclinado por analizar pormenorizadamente una selección de sentencias (selección realizada en base a criterios de oportunidad, relevancia, actualidad e importancia) pertenecientes a las materias encuadradas en el Urbanismo, la Contratación pública, la Extranjería, los Actos y el Procedimiento Administrativo, Función pública, Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública para finalizar con el Procedimiento Contencioso-Administrativo.

Tabla de Contenidos

Prólogo
A. Proceso Contencioso-Administrativo

1. Introducción
2. Ejecución de sentencia:
2.1. Cómputo del dies a quo en ejecución de sentencia
3. Jurisdicción contencioso-administrativa
3.1. Competencia para conocer del reparto de costes entre dos administraciones por asistencia sanitaria de internos de centros penitenciarios
3.2. Suspensión del procedimiento por prejudicialidad penal
3.3. Presentación de escritos y documentos por medios telemáticos y electrónicos
4. Recurso contencioso-administrativo:
4.1. Legitimación de administrador único de sociedad mercantil
4.2. Anotación preventiva de las medidas cautelares
4.3. Interposición de recurso contencioso-administrativo contra un acto administrativo, estando pendiente de resolución el recurso potestativo de reposición interpuesto contra el mismo de forma extemporánea
5. Recurso de apelación:
5.1. Resolución mediante sentencia de los recursos de apelación promovidos contra autos
5.2. Determinación de la cuantía en la interposición de recurso de apelación
6. Recurso de casación:
6.1. Naturaleza del recurso de casación
6.2. Recurso de casación estatal y autonómico: forma de proposición
6.3. Legitimación del recurrente en casación de sentencia cuyo fallo es estimatorio
6.4. Denegación de preparación de recurso de casación por el Tribunal de instancia
6.5. Introducción de una nueva causa de nulidad en el escrito de conclusiones, distinta de la alegada en la demanda
6.6. Integración del órgano que, en los Tribunales Superiores de Justicia, debe conocer del recurso de casación fundado en infracción de normas autonómicas
B. Urbanismo
1. Introducción
2. Suelo y ordenación urbana:
2.1. Ausencia del preceptivo informe de sostenibilidad económica en la aprobación del Plan Parcial
2.2 Vinculaciones o limitaciones singulares generadoras de una indemnización: edificio histórico o cultural con edificabilidad inferior al resto de parcelas de su entorno
2.3 Criterios para la determinación de la indemnización ante el incumplimiento de un convenio urbanístico
3. Disciplina urbanística:
3.1. Indemnizaciones a terceros de buena fe afectados por demolición de viviendas por anulación de licencias concedidas
3.2. Prescripción de la acción de responsabilidad patrimonial y determinación de la indemnización por anulación de licencia de obras que implique demolición de lo construido
3.3. Demolición de vivienda por anulación de licencia y falta de abono de las indemnizaciones debidas a terceros de buena
4. Expropiación forzosa:
4.1. Inicio del expediente expropiatorio como fecha a la que debe referirse el justiprecio con independencia de las dilaciones imputables a la Administración
4.2. Ocupación temporal de parcela para la que se obtuvo con anterioridad a la fecha de referencia valorativa licencia de edificación por silencio administrativo
4.3. Justificación previa del daño en la indemnización de los perjuicios ocasionados por nulidad del expediente expropiatorio
5. Medio ambiente:
5.1. Criterios que han de ponderarse para determinar la concurrencia de efectos significativos en el medio ambiente en orden a exigir o no la correspondiente declaración de impacto ambiental en determinados proyectos
5.2. Para aplicar la excepción prevista en la Ley de Montes que permite recalificar urbanísticamente un terreno forestal quemado, debe motivarse la supresión de ese uso y la no necesidad de proceder a la restauración
5.3. La preexistencia de una declaración de innecesariedad de evaluación ambiental no excluye la procedencia de practicar el indicado trámite de Evaluación Ambiental Estratégica
C. Contratación Pública
1. Introducción
2. Principios reguladores de la contratación pública:
2.1. El principio de calidad debe ser un principio irrenunciable en la decisión a adoptar.
3. Adjudicación del contrato:
3.1. Criterio a seguir ante nuevas licitaciones de un contrato público cuando el contratista ha incumplido contratos anteriores
3.2. Posible adjudicación directa de prestaciones a entidades del tercer sector
3.3. La experiencia debe valorarse de quien legalmente tiene la titularidad de la concesión, no de quien desarrolla sus tareas ni del personal que trabaja en ella
4. Contratista:
4.1. Es preciso el consentimiento del afectado antes de la publicación de las bases del concurso o el pliego de condiciones cuando se incorporen datos de carácter personal
4.2. La subrogación en determinadas relaciones laborales es obligatoria cuando el contrato se lo imponga al adjudicatario
4.3. Consta en el pliego la subrogación del personal de la empresa concesionaria actual. Dotación mínima y selección por orden de antigüedad
4.4. El objeto social como límite a la aptitud de la empresa
5. Objeto del contrato:
5.1. Los servicios jurídicos de un abogado relacionados con el ejercicio de la autoridad pública no están sujetos a la Ley de contratos
5.2. Se admite el fraccionamiento del objeto si se respeta la unidad funcional. En el sector sanitario, para la elaboración de lotes se impone la identificación del principio activo
5.3. La contraprestación del contrato de concesión de servicios públicos es una tarifa, no una tasa
5.4. Posibilidad excepcional de definir las especificaciones técnicas por referencia a una marca determinada
6. Precio de los contratos:
6.1. No es posible legalmente adoptar el precio como único criterio de adjudicación
6.2. El tipo de interés por demora que debe abonar la Administración es el pactado, salvo que se acredite su carácter abusivo
6.3. Se reconoce el incremento de costes y el restablecimiento económico en un contrato de concesión de obra pública por la subrogación del personal
6.4. No implica ruptura del equilibrio económico-financiero del contrato la falta de estudio por la concesionaria de las consecuencias económicas del mismo
7. Expediente de contratación:
7.1. Improcedente la calificación del contrato como concesión de servicios y anulación de los pliegos por ausencia del riesgo y ventura
7.2. La contradicción entre el pliego y la aclaración vinculante al mismo durante el procedimiento afecta a los elementos esenciales del contrato
7.3. Vinculación entre ofertas de empresas licitadoras y su obligación de comunicar al poder adjudicador sus vínculos
8. Modificación, incumplimiento y resolución del contrato:
8.1. Resolución del contrato por modificación esencial de las condiciones del contrato por un acuerdo de voluntades institucional
8.2. La imposición de penalidades en contratación pública no está sujeta a caducidad al constituir un trámite más de la ejecución del contrato
8.3. Acción de repetición de la Administración frente al contratista por los daños a terceros durante la ejecución del contrato
8.4. Al solicitar abono de intereses de demora en el pago de certificaciones de obra, el pago al concesionario tiene efectos liberatorios y el contratista cedente carece de legitimación para reclamarlos
9. Recursos legales en materia de contratación pública:
9.1. Admisibilidad de un segundo recurso especial si se trata de actos formal y sustancialmente distintos
9.2. La jurisdicción civil es incompetente en reclamación de deuda por un ente público por impago en contrato de arrendamiento
D. Extranjería
1. Introducción
2. Entrada y residencia:
2.1. Denegación de renovación de la autorización de residencia de larga duración por reagrupación familiar
2.2. Solicitud de residencia temporal por razones excepcionales de arraigo social
2.3. Valoración de los antecedentes penales en la solicitud de una autorización de residencia de larga duración
3. Autorización de trabajo:
3.1. Relación laboral especial de residencia para la formación que no precisa de autorización de trabajo
3.2. Extinción de autorización de residencia temporal y trabajo por arraigo
3.3. Autorización de residencia temporal por razones de arraigo social por vínculo familiar
4. Menores extranjeros no acompañados (MENAS):
4.1. Impugnación del Protocolo marco sobre determinadas actuaciones relacionada con menores extranjeros no acompañados
4.2. Denegación de renovación de una autorización de residencia temporal concedida a menor extranjero no acompañado
4.3. Denegación de segunda renovación de autorización de residencia temporal no lucrativa
5. Extradición, asilo y protección subsidiaria:
5.1. Denegación del derecho de asilo a nacional extraditado en virtud de orden internacional de detención
5.2. Solicitud de protección internacional en puesto fronterizo
5.3. Autorización de permanencia por razones humanitarias
6. Expulsión y procedimiento sancionador:
6.1. Expulsión de ciudadano extranjero por estancia irregular con prohibición de entrada
6.2. Expulsión de ciudadano extranjero sin residencia estable, casado con española y detenido por varios delitos
6.3. Expulsión de residente de larga duración tras condena por delito con pena de prisión superior a un año
7. Régimen comunitario:
7.1. Denegación de tarjeta de residencia temporal de familiar de ciudadano de la Unión Europea
7.2. Extinción de tarjeta de familiar de residente comunitario
7.3. Tarjeta de familiar de ciudadano miembro de la Unión Europea en su condición de cónyuge y reagrupación de familiares no comunitarios de ciudadanos españoles
E. Acto y procedimiento administrativo
1. Introducción
2. Asistencia letrada:
2.1. Reconocimiento de cualificación profesional para ejercer en España
3. Caducidad:
3.1. Consecuencias


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Las materias que pueden ser abordadas bajo el paraguas del Derecho Administrativo son muy variadas y heterogéneas. No obstante, en este proyecto hemos querido seleccionar aquellas materias que han sufrido una mayor litigiosidad, han provocado la generación de nuevos pronunciamientos o han precisado la corrección de los existentes. Fruto de todo ello, nos hemos inclinado por analizar pormenorizadamente una selección de sentencias (selección realizada en base a criterios de oportunidad, relevancia, actualidad e importancia) pertenecientes a las materias encuadradas en el Urbanismo, la Contratación pública, la Extranjería, los Actos y el Procedimiento Administrativo, Función pública, Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública para finalizar con el Procedimiento Contencioso-Administrativo.

Tabla de Contenidos

Prólogo
A. Proceso Contencioso-Administrativo

1. Introducción
2. Ejecución de sentencia:
2.1. Cómputo del dies a quo en ejecución de sentencia
3. Jurisdicción contencioso-administrativa
3.1. Competencia para conocer del reparto de costes entre dos administraciones por asistencia sanitaria de internos de centros penitenciarios
3.2. Suspensión del procedimiento por prejudicialidad penal
3.3. Presentación de escritos y documentos por medios telemáticos y electrónicos
4. Recurso contencioso-administrativo:
4.1. Legitimación de administrador único de sociedad mercantil
4.2. Anotación preventiva de las medidas cautelares
4.3. Interposición de recurso contencioso-administrativo contra un acto administrativo, estando pendiente de resolución el recurso potestativo de reposición interpuesto contra el mismo de forma extemporánea
5. Recurso de apelación:
5.1. Resolución mediante sentencia de los recursos de apelación promovidos contra autos
5.2. Determinación de la cuantía en la interposición de recurso de apelación
6. Recurso de casación:
6.1. Naturaleza del recurso de casación
6.2. Recurso de casación estatal y autonómico: forma de proposición
6.3. Legitimación del recurrente en casación de sentencia cuyo fallo es estimatorio
6.4. Denegación de preparación de recurso de casación por el Tribunal de instancia
6.5. Introducción de una nueva causa de nulidad en el escrito de conclusiones, distinta de la alegada en la demanda
6.6. Integración del órgano que, en los Tribunales Superiores de Justicia, debe conocer del recurso de casación fundado en infracción de normas autonómicas
B. Urbanismo
1. Introducción
2. Suelo y ordenación urbana:
2.1. Ausencia del preceptivo informe de sostenibilidad económica en la aprobación del Plan Parcial
2.2 Vinculaciones o limitaciones singulares generadoras de una indemnización: edificio histórico o cultural con edificabilidad inferior al resto de parcelas de su entorno
2.3 Criterios para la determinación de la indemnización ante el incumplimiento de un convenio urbanístico
3. Disciplina urbanística:
3.1. Indemnizaciones a terceros de buena fe afectados por demolición de viviendas por anulación de licencias concedidas
3.2. Prescripción de la acción de responsabilidad patrimonial y determinación de la indemnización por anulación de licencia de obras que implique demolición de lo construido
3.3. Demolición de vivienda por anulación de licencia y falta de abono de las indemnizaciones debidas a terceros de buena
4. Expropiación forzosa:
4.1. Inicio del expediente expropiatorio como fecha a la que debe referirse el justiprecio con independencia de las dilaciones imputables a la Administración
4.2. Ocupación temporal de parcela para la que se obtuvo con anterioridad a la fecha de referencia valorativa licencia de edificación por silencio administrativo
4.3. Justificación previa del daño en la indemnización de los perjuicios ocasionados por nulidad del expediente expropiatorio
5. Medio ambiente:
5.1. Criterios que han de ponderarse para determinar la concurrencia de efectos significativos en el medio ambiente en orden a exigir o no la correspondiente declaración de impacto ambiental en determinados proyectos
5.2. Para aplicar la excepción prevista en la Ley de Montes que permite recalificar urbanísticamente un terreno forestal quemado, debe motivarse la supresión de ese uso y la no necesidad de proceder a la restauración
5.3. La preexistencia de una declaración de innecesariedad de evaluación ambiental no excluye la procedencia de practicar el indicado trámite de Evaluación Ambiental Estratégica
C. Contratación Pública
1. Introducción
2. Principios reguladores de la contratación pública:
2.1. El principio de calidad debe ser un principio irrenunciable en la decisión a adoptar.
3. Adjudicación del contrato:
3.1. Criterio a seguir ante nuevas licitaciones de un contrato público cuando el contratista ha incumplido contratos anteriores
3.2. Posible adjudicación directa de prestaciones a entidades del tercer sector
3.3. La experiencia debe valorarse de quien legalmente tiene la titularidad de la concesión, no de quien desarrolla sus tareas ni del personal que trabaja en ella
4. Contratista:
4.1. Es preciso el consentimiento del afectado antes de la publicación de las bases del concurso o el pliego de condiciones cuando se incorporen datos de carácter personal
4.2. La subrogación en determinadas relaciones laborales es obligatoria cuando el contrato se lo imponga al adjudicatario
4.3. Consta en el pliego la subrogación del personal de la empresa concesionaria actual. Dotación mínima y selección por orden de antigüedad
4.4. El objeto social como límite a la aptitud de la empresa
5. Objeto del contrato:
5.1. Los servicios jurídicos de un abogado relacionados con el ejercicio de la autoridad pública no están sujetos a la Ley de contratos
5.2. Se admite el fraccionamiento del objeto si se respeta la unidad funcional. En el sector sanitario, para la elaboración de lotes se impone la identificación del principio activo
5.3. La contraprestación del contrato de concesión de servicios públicos es una tarifa, no una tasa
5.4. Posibilidad excepcional de definir las especificaciones técnicas por referencia a una marca determinada
6. Precio de los contratos:
6.1. No es posible legalmente adoptar el precio como único criterio de adjudicación
6.2. El tipo de interés por demora que debe abonar la Administración es el pactado, salvo que se acredite su carácter abusivo
6.3. Se reconoce el incremento de costes y el restablecimiento económico en un contrato de concesión de obra pública por la subrogación del personal
6.4. No implica ruptura del equilibrio económico-financiero del contrato la falta de estudio por la concesionaria de las consecuencias económicas del mismo
7. Expediente de contratación:
7.1. Improcedente la calificación del contrato como concesión de servicios y anulación de los pliegos por ausencia del riesgo y ventura
7.2. La contradicción entre el pliego y la aclaración vinculante al mismo durante el procedimiento afecta a los elementos esenciales del contrato
7.3. Vinculación entre ofertas de empresas licitadoras y su obligación de comunicar al poder adjudicador sus vínculos
8. Modificación, incumplimiento y resolución del contrato:
8.1. Resolución del contrato por modificación esencial de las condiciones del contrato por un acuerdo de voluntades institucional
8.2. La imposición de penalidades en contratación pública no está sujeta a caducidad al constituir un trámite más de la ejecución del contrato
8.3. Acción de repetición de la Administración frente al contratista por los daños a terceros durante la ejecución del contrato
8.4. Al solicitar abono de intereses de demora en el pago de certificaciones de obra, el pago al concesionario tiene efectos liberatorios y el contratista cedente carece de legitimación para reclamarlos
9. Recursos legales en materia de contratación pública:
9.1. Admisibilidad de un segundo recurso especial si se trata de actos formal y sustancialmente distintos
9.2. La jurisdicción civil es incompetente en reclamación de deuda por un ente público por impago en contrato de arrendamiento
D. Extranjería
1. Introducción
2. Entrada y residencia:
2.1. Denegación de renovación de la autorización de residencia de larga duración por reagrupación familiar
2.2. Solicitud de residencia temporal por razones excepcionales de arraigo social
2.3. Valoración de los antecedentes penales en la solicitud de una autorización de residencia de larga duración
3. Autorización de trabajo:
3.1. Relación laboral especial de residencia para la formación que no precisa de autorización de trabajo
3.2. Extinción de autorización de residencia temporal y trabajo por arraigo
3.3. Autorización de residencia temporal por razones de arraigo social por vínculo familiar
4. Menores extranjeros no acompañados (MENAS):
4.1. Impugnación del Protocolo marco sobre determinadas actuaciones relacionada con menores extranjeros no acompañados
4.2. Denegación de renovación de una autorización de residencia temporal concedida a menor extranjero no acompañado
4.3. Denegación de segunda renovación de autorización de residencia temporal no lucrativa
5. Extradición, asilo y protección subsidiaria:
5.1. Denegación del derecho de asilo a nacional extraditado en virtud de orden internacional de detención
5.2. Solicitud de protección internacional en puesto fronterizo
5.3. Autorización de permanencia por razones humanitarias
6. Expulsión y procedimiento sancionador:
6.1. Expulsión de ciudadano extranjero por estancia irregular con prohibición de entrada
6.2. Expulsión de ciudadano extranjero sin residencia estable, casado con española y detenido por varios delitos
6.3. Expulsión de residente de larga duración tras condena por delito con pena de prisión superior a un año
7. Régimen comunitario:
7.1. Denegación de tarjeta de residencia temporal de familiar de ciudadano de la Unión Europea
7.2. Extinción de tarjeta de familiar de residente comunitario
7.3. Tarjeta de familiar de ciudadano miembro de la Unión Europea en su condición de cónyuge y reagrupación de familiares no comunitarios de ciudadanos españoles
E. Acto y procedimiento administrativo
1. Introducción
2. Asistencia letrada:
2.1. Reconocimiento de cualificación profesional para ejercer en España
3. Caducidad:
3.1. Consecuencias


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