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Límites jurisdiccionales entre los órdenes contencioso-administrativo y social
La existencia de diferentes órdenes jurisdiccionales sobre la base de la especialización funcional de los órganos que los integran, en atención a la clase de pretensiones sometidas a su conocimiento y decisión, así como a la normativa aplicable para la resolución de las controversias que están llamados a conocer, genera dificultades en cuanto a la distribución o reparto de los ámbitos materiales en que aquellos pueden operar. Son particularmente llamativas las que tradicionalmente vienen planteándose en la delimitación de los órdenes jurisdiccionales contencioso-administrativo y laboral, motivadas fundamentalmente porque mientras que el diseño del primero se hace descansar en los conflictos surgidos a causa de la actuación de la Administración pública, los límites del segundo se fijan atendiendo a la materia social sobre la que versa el conflicto, con independencia del sujeto o sujetos que realicen la actuación controvertida, doble criterio que, al no ser absolutamente excluyente, da cobertura a zonas comunes a ambos órdenes jurisdiccionales, produciendo incertidumbres e, incluso, conflictividad, que el legislador trabajosamente y de forma casuística sucesivamente ha intentado aclarar, pretensión a que obedecen igualmente algunas previsiones de la reciente Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social. A esa aclaración, desde la perspectiva que le es propia, también pretende contribuir el presente estudio.
1. Introducción.
2. Empleados públicos.
2.1. Personal laboral al servicio de la administración.
2.2. La teoría de los «actos separables».
2.3. Bolsas de trabajo.
2.4. Becas.
2.5. Personal estatutario.
3. Responsabilidad patrimonial de la administración en materia social.
4. Deficiente prestación de asistencia sanitaria.
5. Una cuestión ¿superada?: complementos salariales de penosidad, peligrosidad y toxicidad.
6. Traslados y modificaciones de las condiciones de trabajo.
7. Expedientes de regulación de empleo y revisión de sanciones administrativas en materia laboral.
8. Tutela de la libertad sindical y derecho de huelga de los funcionarios públicos.
9. Elecciones a los órganos de representación del personal al servicio de las administraciones públicas.
10. Régimen público de la seguridad social.
11. Conclusión.
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La existencia de diferentes órdenes jurisdiccionales sobre la base de la especialización funcional de los órganos que los integran, en atención a la clase de pretensiones sometidas a su conocimiento y decisión, así como a la normativa aplicable para la resolución de las controversias que están llamados a conocer, genera dificultades en cuanto a la distribución o reparto de los ámbitos materiales en que aquellos pueden operar. Son particularmente llamativas las que tradicionalmente vienen planteándose en la delimitación de los órdenes jurisdiccionales contencioso-administrativo y laboral, motivadas fundamentalmente porque mientras que el diseño del primero se hace descansar en los conflictos surgidos a causa de la actuación de la Administración pública, los límites del segundo se fijan atendiendo a la materia social sobre la que versa el conflicto, con independencia del sujeto o sujetos que realicen la actuación controvertida, doble criterio que, al no ser absolutamente excluyente, da cobertura a zonas comunes a ambos órdenes jurisdiccionales, produciendo incertidumbres e, incluso, conflictividad, que el legislador trabajosamente y de forma casuística sucesivamente ha intentado aclarar, pretensión a que obedecen igualmente algunas previsiones de la reciente Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social. A esa aclaración, desde la perspectiva que le es propia, también pretende contribuir el presente estudio.
1. Introducción.
2. Empleados públicos.
2.1. Personal laboral al servicio de la administración.
2.2. La teoría de los «actos separables».
2.3. Bolsas de trabajo.
2.4. Becas.
2.5. Personal estatutario.
3. Responsabilidad patrimonial de la administración en materia social.
4. Deficiente prestación de asistencia sanitaria.
5. Una cuestión ¿superada?: complementos salariales de penosidad, peligrosidad y toxicidad.
6. Traslados y modificaciones de las condiciones de trabajo.
7. Expedientes de regulación de empleo y revisión de sanciones administrativas en materia laboral.
8. Tutela de la libertad sindical y derecho de huelga de los funcionarios públicos.
9. Elecciones a los órganos de representación del personal al servicio de las administraciones públicas.
10. Régimen público de la seguridad social.
11. Conclusión.
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